“La llegada de población migrante a Colombia no tenía precedentes y ha sobrepasado la capacidad de respuesta institucional”

Palabras de Gisela Serrano-Mahuampi Venezuela durante los Diálogos Intersectoriales Conectando Caminos por los Derechos de la Población Venezolana en el Bogotá, Medellín y región Caribe.

Por Prensa CODHES

Bogotá, julio de 2021. El miedo a denunciar por temor a la deportación, el desconocimiento de las rutas de atención, la desconfianza institucional y no contar con redes de apoyo son algunas de las barreras a las que se enfrenta la población migrante venezolana en Colombia y que les ha expuesto a situaciones como homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento, desaparición forzada y violencias basadas en género. Así lo dejaron saber las organizaciones de base venezolanas que participaron en los “Diálogos Intersectoriales, Conectando Caminos por los Derechos de la población venezolana” realizados por CODHES en Bogotá, Medellín y la región Caribe.

Estos Diálogos Intersectoriales hacen parte del trabajo que realiza CODHES dirigido a la población migrante y refugiada venezolana en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por el consorcio integrado por Pact, (ABA ROLI), Freedom House e Internews.

Los diálogos han tenido como objetivos hacer una lectura de las afectaciones a la vida e integridad de la población refugiada y migrante venezolana en Bogotá, Medellín y la región Caribe (Barranquilla, Santa Marta y Cartagena), intercambiar elementos y experiencias de protección, prevención y autoprotección, y animar la articulación entre población venezolana, organizaciones de sociedad civil y autoridades para avanzar en acciones conjuntas frente a estos temas.

En uno de los espacios, la organización Mahuampi-Venezuela manifestó que hay un desconocimiento general sobre las vulneraciones que enfrenta la población migrante:

Las vulneraciones comienzan desde el momento en que la población debe aventurarse a cruzar por los pasos irregulares, pues allí quedan expuestos a las redes de trata, las cuales tienen presencia tanto en la frontera como al interior de Colombia. Frente a los casos de desaparición, el desconocimiento y el temor a la institucionalidad trae como consecuencia que los casos de desaparición sean llevados a las autoridades con semanas o meses de retraso. Este subregistro también se debe al perfil migratorio solitario y sin redes de apoyo de varias personas migrantes. En lo que respecta al reclutamiento y la instrumentalización de la niñez, es explotada en contextos de tráfico de drogas y armas, como informantes y en casos extremos, en mendicidad ajena”.

Durante los diálogos se identificaron otras barreras que enfrenta la población migrante venezolana en Colombia como: la falta de información de prevención sobre reclutamiento y desplazamiento; la falta de acciones articuladas desde las instituciones, en especial hacia la infancia y adolescencia; el perfil migratorio de los menores de edad (muchos de ellos no acompañados) y las expresiones de rechazo o xenofobia.

En el caso de los menores de edad, para la organización social venezolana ha sido muy difícil lograr tener respuesta del ICBF, en particular con lo relacionado a las rutas de atención para menores no acompañados, quienes muchas veces no pueden acceder a centros de acogida debido a que no tienen un representante o tutor. Estas barreras profundizan la vulnerabilidad de los menores de edad.

Así mismo, ante situaciones de desalojos, la capacidad de ubicar a las personas o familias en centros de acogida es muy limitada, razón por la que en muchas ocasiones terminan habitando en la calle en cambuches o campamentos improvisados, estas circunstancias los expone a mayor riesgo de reclutamiento por parte de delincuentes o bandas delincuenciales. Situación que se ve sobre todo en algunas localidades de Bogotá. 

Las organizaciones de base y sociedad civil reconocen que en algunas oportunidades la población migrante venezolana ha recibido ayudas económicas y de primera necesidad, aunque de manera tardía. Las necesidades apremiantes desbordan la respuesta de las organizaciones. Algunas situaciones se logran canalizar, pero muchas quedan sin respuesta o son atendidas tardíamente.

En el caso de Medellín, la Organización Generación PJota, puntualizó que la población venezolana “ha optado por acogerse a los servicios ofrecidos por las organizaciones de base venezolanas y los espacios locales para la protección de derechos humanos, a quienes ven como sus portavoces. En la dimensión de homicidios, las familias venezolanas prefieren no denunciar por desconfianza en las instituciones y para agilizar la repatriación del cadáver de su ser querido a Venezuela. En la dimensión de violencia basada en género, se identifican amenazas y el cobro de vacunas por parte de actores criminales a las mujeres en condición de explotación sexual”.

Generación Pjota se ha destacado en Medellín por su trabajo al brindar atención a las personas que se encuentran en condición de explotación sexual, con énfasis en la población LGBTI a través del proyecto “panas diversos por Colombia”, que con actividades culturales y el fomento del emprendimiento, busca prevenir los casos de explotación sexual.

Otro ejemplo de buenas iniciativas es el modelo de “casas de apoyo”: un espacio comunitario de base venezolana que ofrece a las familias refugiadas y migrantes los servicios de guardería, asesoría legal, entre otros, con el fin de garantizar un mayor acceso a los derechos a esta población. Desde estos espacios también se han habilitado líneas de Whatsapp para que las víctimas de violencia intrafamiliar puedan denunciar de manera discreta.

También la Personería de Medellín expresó que ha generado mesas de trabajo con organizaciones y ha permitido la generación de varias jornadas interinstitucionales para llevar la oferta a diferentes municipios de Antioquia y hacer seguimiento a los decretos ley que tocan a las personas migrantes.

Una de las reflexiones en el encuentro de la región Caribe giró en torno a cómo crear ciudadanía ante la crisis migratoria. Hay un reto de visibilización, representatividad y fortalecimiento de las acciones de participación de la población refugiada y migrante en la región Caribe.  Ante estos desafíos, Caribe Afirmativo y otras organizaciones de la sociedad civil se han enfocado en descentralizar la atención humanitaria y dirigirlo hacia la periferia; construir a la ciudadanía migrante como sujetos integrales; estudiar los contextos particulares dependiendo de los puntos de migración; cambiar los imaginarios de la población local hacia la población refugiada y migrante; y fortalecer la cooperación entre los distintos actores involucrados.

En la región Caribe las barreras al acceso a la justicia, principalmente por la situación migratoria irregular, son recurrentes lo que evita que la población denuncie los casos de homicidio y desaparición de los que son víctimas. En el caso de la población venezolana se ha visto cómo los procesos no son efectivos para establecer los responsables o el paradero de la víctima en el caso de desaparición forzada. En general, hay desinformación en materia de acceso a la justicia, la población venezolana no sabe qué leyes los protege. Se ha identificado xenofobia desde los funcionarios hacia la población refugiada, migrante y retornada, dando lugar a revictimización.

Persiste la trata de personas en contextos de turismo y el sexo por supervivencia, como consecuencia de la falta de acceso a la oferta institucional.

Tras los diálogos intersectoriales surgieron como conclusiones:

  • –       Mejorar la articulación institucional para una respuesta efectiva e inmediata debido a las características de la población. 
  • –       Generar mesas de trabajo para articular desde el accionar y saber de cada organización. 
  • –       Se necesitan políticas que vayan dirigidas hacia la población migrante, pues se ha atendido a esta población bajo el marco de políticas públicas para la atención de otros tipos de población vulnerable, sin tener en cuenta sus necesidades particulares. 
  • –       Crear y fortalecer las acciones para la protección contra la trata de personas a nivel local y nacional.
  • –       Los funcionarios públicos deben recibir capacitación para la atención a esta población. A su vez, se debe informar a la población venezolana sobre las rutas de atención para crear confianza en las instituciones.
  • –       Es importante tener orientaciones claras desde la unidad para las víctimas (UARIV) dirigidas a los funcionarios en los territorios para saber cómo abordar casos de población migrante víctima del conflicto armado.

Los participantes concuerdan que encuentros como estos Diálogos sirven para crear sinergias entre los actores de distinto orden que trabajan para la protección de derechos humanos y darle un papel participativo a la población migrante y refugiada venezolana a través de sus organizaciones de base.

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