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¿Por qué ser parte de un Pacto por la Memoria en Colombia?

Mañana jueves 22 de febrero, Colombia2020 debatirá en vivo, en su cuenta de Facebook,  las razones para hacer parte de un pacto por la memoria, la importancia de los archivos de derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva en Colombia.

pacto x la memoria

Artículo de Colombia2020, El Espectador

Más de 300.000 documentos  de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas, de defensores de derechos humanos, entre otros, ya hacen parte del Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. La información se ha digitalizado y se puede consultar a través de la página web. ¿Cuál es la importancia de que la historia del conflicto esté documentada? ¿De qué se trata el Pacto por la memoria?

Este jueves 22 de febrero, en el espacio + Verdad – Cuento, a través de nuestras redes sociales se conversará sobre la importancia de hacer parte de este Pacto por la memoria en Colombia. La transmisión en vivo se podrá ver desde las 8:00 de la mañana.

El Pacto por la memoria es un llamado a resguardar la memoria del conflicto, a contribuir al archivo de derechos humanos. Por eso, en + Verdad – Cuento responderemos todas las dudas que surgen de este tema: ¿cómo se llegó a conformar este archivo? ¿Quiénes pueden entregar documentos al CNMH? ¿Qué otros archivos de DD.HH. hay en el mundo? ¿Por qué los archivos aportan verdad y memoria del país?

No se pierda  + Verdad – Cuento, un espacio dedicado a conversar y resolver dudas sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que muy pronto abrirá sus puertas a la ciudadanía en Colombia.

LLAMADO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA POR LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES PROVENIENTES DE VENEZUELA

¡ES TIEMPO DE SOLIDARIDAD!

Descargar Comunicado: !Es tiempo de Solidaridad! (Migración proveniente de Venezuela)

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, al Estado colombiano, a los medios de comunicación y a los Organismos Internacionales a generar respuestas solidarias y de acogida a las personas venezolanas y población colombiana retornada forzosamente. En ese sentido, manifestamos que la única respuesta aceptable a la migración venezolana debe fundarse en acciones y prácticas de hermandad y hospitalidad, que garanticen plenamente los derechos humanos de la población migrante y refugiada.

 
Reconocemos que los migrantes procedentes de Venezuela han migrado forzadamente debido a la crisis humanitaria que allí se vive, que los/las obliga a migrar a otros territorios. Es por ello que Colombia y los Estados de la región deben constituirse en territorios de protección, donde prime la dignidad humana, en especial el derecho a la vida, y se desarrollen planes diferenciados de atención a los y las adolescentes, así como a toda persona que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo los niños y las niñas, las mujeres y pueblos indígenas.

 
De manera especial, exigimos al Estado Colombiano el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y las obligaciones adquiridas a nivel regional en virtud de la Declaración de Cartagena y sus posteriores desarrollos en los últimos treinta años.

 
Demandamos al Gobierno nacional la implementación de políticas efectivas (debidamente articuladas y publicitadas) para atender a los compromisos de protección internacional adquiridos, como la Declaración de México- 2004 y la Declaración y el Plan de Acción de Brasil sobre sobre personas refugiadas, desplazadas y apátridas -2014. En momentos en que la Comunidad Internacional avanza en el desarrollo de Pactos Globales 2018, frente a la Migración y sobre Refugiados, recordamos que es deber del Estado ser garante de derechos humanos de los migrantes en el contexto de crisis humanitaria y ser solidario con los hermanos venezolanos, quienes han acogido a personas migrantes y refugiadas colombianas por varias décadas.

 
Solicitamos al Gobierno de Colombia una respuesta a esta crisis basada en un enfoque de derechos humanos de los migrantes, a través de políticas públicas efectivas, evitando la imposición de barreras de acceso a la protección internacional al exigir documentación difícil de obtener o visas de alto costo. Igualmente, demandamos realizar los ajustes normativos y administrativos para la prevención, protección y resolución de casos de la apatridia y los problemas de nacionalidad. Expresamos con profunda preocupación que las medidas adoptadas por Gobierno se concentren en la militarización y el uso de la fuerza armada, ya que ésta no es una repuesta efectiva, y por el contrario, incrementa los riesgos de la violación a derechos humanos.

 
La crisis humanitaria que viven las persona migrantes procedentes de Venezuela requiere una solución de carácter regional, por lo tanto, exhortamos a los organismos internacionales y de integración regional como la Organización de los Estados Americanos (OEA)-en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros, a que promuevan compromisos regionales solidarios, con énfasis en la protección de los derechos humanos de personas migrantes.

 
De igual manera, invitamos a los medios de comunicación, en su rol informativo y también de formadores de opinión pública, a luchar contra la xenofobia y discriminación que, en muchos casos, con los distintos enfoques que dan a su manera de presentar la información, terminan fomentando.

 
Por otra parte, comprendemos los retos que la migración trae para el país y especialmente para los departamentos fronterizos. Por esto, consideramos de vital importancia que se planeen y ejecuten acciones de protección y ayuda humanitaria, alejada de intereses políticos y discusiones polarizantes que tienen efectos negativos para las personas migrantes, refugiadas y comunidades de acogida.

 
Finalmente, no podemos olvidar que, durante décadas, hemos sido las y los colombianos quienes hemos vivido el desplazamiento forzado interno, la migración forzada y el éxodo de connacionales en búsqueda de asilo, demandando ayuda y acogida en otros países cuando el conflicto armado y la violencia generalizada obliga a salir del país para salvaguardar la vida, la libertad e integridad. Tenemos la plena seguridad de que la mejor respuesta a la migración proveniente de Venezuela son acciones por la integración, basadas en la hermandad, la solidaridad, la hospitalidad y el pleno respeto por los derechos humanos.

 
La declaración cuenta con la adhesión las siguientes organizaciones y personas:
Foro Internacional de Víctimas (FIV)
Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ-LAC: Argentina: Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz -MECoPa-, Mesa de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Argentina, Costa Rica: Ecos de Colombia, Chile: Organización de Colombianos Refugiados en Chile -OCORCH-, Ecuador: Mujeres Libres sin Fronteras, México: Colectivo por la Paz de Colombia Desde México -ColPaz-, Panamá: SOS Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá -SOVIC PANAMÁ-, Perú: Mesa de Víctimas Colombianas por la Paz -ColViPaz-, Uruguay: Organización de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Uruguay.
Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas Y Migradas
La Comisión Sobre Migraciones Forzadas, Exilio Y Reconciliación (CER)
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-COL)
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-LAC)
Pastoral Social
Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
Misión Escalabriniana
Rodeemos El Dialogo
Universidad Santo Tomás
Universidad Javeriana-Instituto Pensar
Universidad de Antioquia
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Asociación de Víctimas del Conflicto Colombiano en Canadá (ASOVICA)

Descargar Comunicado: !Es tiempo de Solidaridad! (Migración proveniente de Venezuela)

La participación de las víctimas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET

CONTRPDET

CODHES presenta algunas herramientas dirigidas a las víctimas para ampliar la comprensión del funcionamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

DESCARGUE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

 

 

AUDIO

¿QUÉ SON LOS PDET?
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PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LOS PDET
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INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS VÍCTIMAS EN LOS PDET+
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En Consulta Regional Brasil se lanza Informe del Plan Acción Brasil sobre refugio, asilo, desplazamiento

Del 19 al 20 de febrero se realiza en Brasilia la Consulta de Latinoamérica y el Caribe para el Pacto Global sobre refugiados. En el marco de esta reunión, el Grupo Articulador Regional (GAR-PAB) lanza el informe Plan de Acción de Brasil: Evaluación 2014-2017 que analiza los avances, retos y desafíos en la protección de los derechos para las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas forzadas y apátridas en la región.

CODHES, que hace parte del GAR-PAB, acompaña en Brasilia el lanzamiento del Informe.

BRASILIA – En diciembre de 2014, a raíz de un proceso histórico, 28 países de la región latinoamericana reiteraron su compromiso para mejorar los sistemas de protección internacional mediante el Plan de Acción de Brasil (PAB), un plan a 10 años que define acciones específicas para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas forzadas y apátridas en la región.

Hoy, el Grupo Articulador Regional (GAR-PAB) lanza el informe Plan de Acción de Brasil: Evaluación 2014-2017 con el objetivo de analizar los avances, retos y desafíos en la protección de los derechos de estos grupos. El informe se lanza en el primer día de la Reunión de Consulta de Latinoamérica y el Caribe para el Pacto Global sobre Refugiados en Brasilia este 19 y 20 de enero, la cual se realiza para evaluar los resultados obtenidos de la implementación del PAB y consolidar las contribuciones de la región al Pacto Global.

“Para las organizaciones que formamos el Grupo Articulador Regional, estamos ante la gran oportunidad que representa el renovado interés global en el tema de asilo y apostamos a que la situación y reconstrucción de la vida de las personas refugiadas, formen verdaderamente parte de una política pública internacional y de un interés genuino por parte de los gobiernos de nuestra región.” indica Nancy Pérez, Directora General de Sin Fronteras I.A.P, miembro del GAR-PAB.

En los tres años que evalúa el informe, se ha observado un aumento exponencial de los flujos de personas que salen de sus países para huir de la violencia, desastres naturales, conflictos internos, y crisis políticos y económicos. Por ejemplo, se estima que los emigrantes venezolanos en la región ya sumaron alrededor de 2,5 millones hasta finales del 2017, mientras que el número de aquellos provenientes del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), hasta 2015, se elevó a 3,1 millones.

El informe se divide en los programas enumerados en el PAB y describe los desafíos, buenas prácticas, y recomendaciones para avanzar en cada área del plan.
“Buscamos continuar el trabajo conjunto entre las organizaciones, gobiernos y organismos internacionales para asegurar la protección de los derechos humanos de los cientos de miles de personas que actualmente están movilizando en nuestra región,” resalta Rosita Milesi, Directora del Instituto Migrações e Direitos Humanos, miembro de GAR-PAB.
El informe completo, Plan de Acción de Brasil: Evaluación 2014-2017, se puede encontrar en el sitio web del GAR-PAB: http://www.gar-pab.org

Sobre el GAR-PAB: El GAR-PAB reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas, expertas y claves en temáticas relacionadas con protección internacional en la región. El grupo actúa como un interlocutor en los procesos de construcción de políticas al nivel nacional y regional, a partir de un trabajo colaborativo con organizaciones miembros, organizaciones internacionales y con los gobiernos de
los países de la región.
Contacto de medios:
Lizeth Lema
Gestora de Políticas y Redes en América Latina | Asylum Access
liz.lema@asylumaccess.org | +593 2 2546670
Asylum Access es una organización miembro del Grupo Articulador Regional.

DESCARGUE EL COMUNICADO DEL GAR-PAB Aquí

CONVOCATORIA ABIERTA PARA PASANTÍAS/ PRÁCTICAS NO REMUNERADAS

CONVOCATORIA EN EL ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL DE CODHES. DESCARGUÉ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA AQUÍ:   Copia de Plan de trabajo Pasantes CODHES (002)

PARA CONSULTAR LOS REQUISITOS PARA POSTULARSE A PASANTÍAS, PRACTICANTES, ESTANCIAS ACADÉMICAS Y VOLUNTARIOS DE CLICK AQUÍ: PASANTIAS CODHES

Pasantías

Para postularse como pasante, practicante, estancias académicas y voluntariados envié un e-mail con los requisitos anteriormente mencionados a los correos: carlosnunez@codhes.org / codhes@codhes.org

Serious Situation of Ethnocide in Colombia

The Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) is alarmed by the large number of assassinations and massive displacements of indigenous and afro-descendant communities that occurred in the first days of this year.

In the first 28 days of January, 9 leaders were assassinated. Of these people, 3 were afro-descendants and 4 were indigenous. The assassinations took place in the departments of Córdoba, Antioquia, Meta, Nariño, Buenaventura and Cauca. During the same period, more than 140 people belonging to social and community organizations were threatened.

In the first 28 days of 2018, 2,560 people were displaced. Of these, 1,616 belong to ethnic communities. These displacements took place in Chocó, Putumayo, Córdoba, Nariño, Antioquia  (bajo Cauca), Boyacá and Buenaventura. Through its monitoring system, CODHES reports that the majority of these displacements are related to previous threats, aggressions, and homicides against community representatives. This is a crisis concerning the physical and cultural extermination of Colombia’s ethnic and rural leadership.

Because of the gravity of this humanitarian crisis and the persistent assassination of social leaders, CODHES stresses the severity of this ethnocide in Colombia. This situation requires an effective response from the state as well as solidarity from the international community.

CODHES worriedly observes an increase in armed attacks against civil populations and a disturbingly limited amount of protection for them. In this sense, we demand that the Colombian state respond to the systematic murder of community, social, ethnic, and political leaders.

We urge the state to provide immediate protection for threatened leaders and to thoroughly investigate these crimes. We hope that the state will be able to establish those responsible for the murders and displacements of these communities.

We implore the international community to bring attention to these murders. The continuation of forced displacement risks the advancement of an electoral process operating under a framework of social leadership massacres.

We stand with the families and communities of these murdered leaders. We send a message of support to those threatened, and we reiterate our defense for the human rights of victims, displaced populations, and leaders.

The Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).
Bogotá, 29 de enero de 2018

La Comisión de la Verdad frente a las víctimas de Desplazamiento Forzado

De acuerdo con la información del Registro Único de Víctimas, entre 1985 y 2017, de cada 10 víctimas registradas, 9 son víctimas de desplazamiento forzado. Es decir, de los 8.5 millones de víctimas en el país, casi el 90% son víctimas de desplazamiento. De éstas, más del 66% de corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo la mayoría de zonas rurales que huyeron por causas asociadas al conflicto armado. La magnitud del desplazamiento forzado constituye una crisis humanitaria de carácter estructural y supone un tremendo desafío para superar la victimización por esta causa.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, ese desafío se traslada -entre otras- a una de las instancias transicionales de mayor trascendencia para las víctimas como es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). La CEV, creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y organizada mediante el Decreto Ley 588 de 2017, tiene el encargo de contribuir a la satisfacción de la verdad en un decisivo proceso de transición hacia la paz.

Sobre la Verdad del desplazamiento forzado en Colombia, una encuesta de la Comisión de Seguimiento para la Corte Constitucional en 2010, reveló que el 91% de la población desplazada desconoce la situación de los responsables de su desplazamiento y el 53% de los grupos familiares desplazados cree que en Colombia nunca se va a conocer la Verdad. A pesar de ello, el 75,5% de la población desplazada considera considera el esclarecimiento y conocimiento de la Verdad sobre lo sucedido, como una de las formas de reparación de preferencia.

Así las cosas, la CEV se enfrenta a retos significativos de implementación desde la perspectiva de la participación de las víctimas de desplazamiento forzado en su labor de esclarecimiento. En este sentido, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, ha elaborado un documento que recoge varias recomendaciones con el propósito de aportar a la centralidad a las víctimas dentro del mandato de la CEV, con especial énfasis en las víctimas de desplazamiento forzado.

El documento aborda la Verdad como un derecho fundamental; el mandato de la CEV en una perspectiva comparada; el contexto de trabajo de la Comisión; la responsabilidad colectiva; la participación de las víctimas desplazadas en la CEV y revisa los retos y perspectivas de coordinación entre la CEV y la JEP.  Descargue el documento aquí: la CEV y el Desplazamiento Forzado.

Algunas de las recomendaciones del documento tienen que ver con el alistamiento de la CEV para:

  • Ampliar las fuentes de esclarecimiento: la CEV debe buscar la comparecencia más amplia de las víctimas y no sucumbir ante el mero uso de fuentes documentales.
  • Evaluación previa del deber estatal de conservación de archivos: esto a efectos de determinar el papel del Estado en el ocultamiento o apertura de elementos que permitan una explicación amplia sobre el conflicto armado.
  • Adopción de estrategias de escucha amplia de las víctimas: adoptar mecanismos de recepción de versiones públicas e incentivar versiones colectivas de las víctimas.
  • Solicitud de documentos a particulares: utilizar mecanismos de convocatoria a particulares como los establecidos en el Art. 13.3 del Decreto Ley 588 de 2017.
  • Levantamiento de iurej de la reserva sobre los documentos y archivos– sobre violaciones de derechos humanos.
  • Inspecciones directas a archivos sobre derechos humanos en instituciones militares, de inteligencia y defensa nacional.
  • Uso moderado de informes previos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
  • Consultas abiertas y públicas con las víctimas.
  • Pedagogía previa sobre el alcance de la CEV y evitar confusiones o la construcción de falsas expectativas.
  • Incluir mecanismos de divulgación comunitaria para facilitar la comparecencia de mujeres víctimas.
  • Identificación previa del universo de víctimas.
  • Adelantar alianzas estratégicas con academia, centros de nemoria, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación para propiciar la participación de las víctimas.
  • Difundir las audiencias públicas de la manera más masiva posible.
  • Construcción de metodologías específicas de reconciliación: encuentros entre víctimas y victimarios, que faciliten la reconciliación y la convivencia, con actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón.
  • Fortalecimiento a organizaciones de víctimas.
  • Recolección de relatos con diversos criterios como perfiles poblacionales, diversas temporalidades de la victimización, enfoques de género y étnico.
  • Eventos temáticos que permitan la mejor atención posible a las víctimas.
  • Mecanismos de exigibilidad como veedurías y mecanismos de interlocución.
  • Medidas especiales para víctimas en el exterior.

Descargue el documento aquí: la CEV y el Desplazamiento Forzado.

Más información:  prensacodhes@gmail.com Cel. 3016463545

¿CÓMO SERÁ LA VERDAD Y LA JUSTICIA PARA LAS MÁS DE 7 MILLONES DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA?

  • Esta es la pregunta que abordará entre el 1 y 2 de febrero Bogotá, el Conversatorio sobre Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
  • Representantes de la Academia, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, la iglesia, los organismos de Naciones Unidas, Procuraduría, Defensoría y líderes regionales harán parte de esta conversación.
  • El desplazamiento forzado, a pesar del nuevo escenario que trae el Acuerdo de Paz, sigue siendo una de las manifestaciones más intensivas del conflicto en el país.
  • Entre 1985 y 2017, 9 de cada 10 personas registradas como víctimas del conflicto armado fueron víctimas de desplazamiento forzado.
  • Durante 2017, CODHES identificó 103 eventos de desplazamiento que afectaron a más de 15 mil personas. De estos eventos, 67 ocurrieron en el Pacífico y más de 13 mil personas salieron de la región.

 Agenda 2Do Conversatorio Desplazamiento y Paz

CODHES Compilacion final Relatoria PRIMER CONVERSATORIO DF Y SVJRNR ok (2)

Bogotá, Enero 26 de 2018. Más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia esperan Justicia y Verdad con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). De los 8.5 millones de víctimas en el país, el 90% son víctimas de desplazamiento forzado. Es decir, de cada 10 víctimas en Colombia, 9 lo son de desplazamiento. Con un desafío de esta magnitud, una alianza de distintas organizaciones del Estado, de la sociedad civil, la academia, la cooperación y la iglesia, ha impulsado la serie de Conversatorios de Derechos de la Población desplazada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

Con el fin de poner sobre la mesa la discusión sobre el desplazamiento forzado y el nuevo Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las organizaciones convocan a un conversatorio los próximos 1 y 2 de febrero en Bogotá. La dimensión del desplazamiento forzado supone un profundo desafío en términos de la magnitud de investigaciones tanto judiciales como extrajudiciales.

De acuerdo con Marco Romero, Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, “es urgente tener esta conversación frente a la complejidad del desplazamiento forzado y nuevos escenarios que surgen del Acuerdo de Paz como la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la JEP. Es necesario que desde la sociedad civil se puedan aportar insumos sobre cómo encarar el tema para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento”.

Algunos de los temas principales que se abordarán en el conversatorio son:

  • Participación de las Víctimas de Desplazamiento Forzado en el Sistema (SVJRNR).
  • Perpetradores y beneficiarios y principales responsables del desplazamiento.
  • Sostenibilidad Fiscal y alternativas de financiación del Sistema y de las medidas de reparación.
  • Verdad, memoria e historia.

El Encuentro es organizado por CODHES, USAID, la Procuraduría General de la Nación, Pastoral Social, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Consejo Noruego para Refugiados, el International Center for Transitional Justice, Abogados sin Fronteras Canadá, el Consejo Noruego para Refugiados y Trust of the Americas OEA.

Los medios de comunicación interesados en el conversatorio o en las conclusiones del evento, comunicarse con Comunicaciones y Prensa CODHES. Celular 3016463545. prensa@codhes.org . www.codhes.org

 

ALERTA POR GRAVE SITUACIÓN DE ETNOCIDIO EN COLOMBIA

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, alerta frente a la grave situación de asesinatos y desplazamientos masivos y múltiples de los Pueblos Étnicos, afrodescendientes e indígenas, durante los primeros días del año.

En los primeros 28 días del año, 9 líderes y lideresas han sido asesinados. De éstos, 3 eran afrodescendientes y 4 indígenas. Los asesinatos ocurrieron en Córdoba, Antioquia, Meta, Nariño, Buenaventura y Cauca.

En este mismo período, más de 140 personas pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias, así como líderes y lideresas sociales, han sido amenazadas.

En los primeros 28 días del 2018, 2.560 personas han sido desplazadas. De éstas, 1.616 pertenecen a pueblos étnicos. Los desplazamientos se han producido en Chocó, Putumayo, Córdoba, Nariño, Antioquia (bajo Cauca), Boyacá y Buenaventura.

CODHES, a través de su sistema de seguimiento y monitoreo, ha podido establecer que la mayoría de estos desplazamientos han estado relacionados con amenazas, agresiones y homicidios contra personas representativas de comunidades rurales y urbanas. Hay un escenario de exterminio físico y cultural de los liderazgos étnicos y campesinos.

Por la gravedad de la crisis humanitaria, de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, CODHES alerta sobre la situación de etnocidio que está sucediendo en Colombia y que requiere de la respuesta efectiva del Estado y la solidaridad de la sociedad y los organismos internacionales.

CODHES ve con preocupación el recrudecimiento de las acciones armadas contra la población civil y los altos niveles de desprotección en la que se encuentra. En este sentido, exigimos al Estado Colombiano una respuesta contundente frente al asesinato sistemático de personas que ostentan liderazgos comunitarios, sociales, étnicos y políticos. Instamos al Estado a proporcionar protección a las personas líderes amenazadas y a investigar todos los casos ocurridos y poder establecer los responsables de los asesinatos y desplazamientos.

Exhortamos a la comunidad internacional a pronunciarse respecto a estos asesinatos, la continuidad del desplazamiento forzado y frente al riesgo de adelantar un proceso electoral en el marco de una masacre contra los liderazgos locales.

Nos solidarizamos con las familias y comunidades de los líderes y lideresas asesinados. Enviamos un mensaje de apoyo a las personas amenazadas y reiteramos nuestra defensa por los derechos humanos de las víctimas, la población desplazada y las personas líderes.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES.

Bogotá, 29 de enero de 2018