Buenaventura, 8 de febrero de 2021
La Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento, CODHES, expresa su profunda preocupación ante los hechos recientes que se suman a las continuas violaciones de derechos humanos contra la población de Buenaventura, y hace un llamado a los Gobiernos nacional y local, a las instituciones y a la comunidad internacional para responder de manera urgente a esta situación.
El día 4 de febrero de 2021 se reportó el desplazamiento masivo de 30 familias de los barrios Juan XXIII, Litoral, Caguán, El Otoño, La Unión y Buenos Aires, a raíz de los enfrentamientos constantes que allí están ocurriendo entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos, dos facciones en disputa dentro de la banda la Local[1]. En el subcomité de protección y prevención realizado el día 5 de febrero, la Personería confirmó que registró:
- 30 viviendas desalojadas en el Barrio Juan 23.
- 45 familias desplazadas del barrio San Francisco que corresponden a 583 personas.
- 25 familias desplazadas del barrio Juan XXIII que corresponden a 223 personas.
- 12 familias desplazadas en el Barrio Rockefeller que corresponden a 50 personas[2].
La ola continua de violencias focalizadas en la zona urbana de Buenaventura y acentuada desde 2020 parece no tener final. En 2020 se registraron varias amenazas y agresiones contra líderes sociales, incluyendo miembros del comité y las mesas del paro cívico. Hacia finales del mismo año se registró la masacre de 7 personas en diferentes sectores de la ciudad, sembrando terror en las comunidades. Desde entonces, la violencia no ha cesado.
Los hechos de esta semana son muestra de que la situación no ha mejorado. Del 1 al 7 de enero, 18 familias fueron desplazadas del barrio Pampalinda y para el 18 de enero esta cifra se incrementó a 55 familias procedentes de otros barrios aledaños[3]. En enero se reportó el asesinato de 25 personas[4], cifra que podría ser mayor si se consideran los casos de personas desaparecidas y relatos acerca de otras asesinadas y que jamás fueron reportadas.
La violencia no se limita a la zona urbana. Durante 2020 continuaban los atracos a pescadores y lugareños en alta mar, agresiones, amenazas y asesinatos a líderes sociales, así como el aumento del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y el confinamiento de comunidades en áreas rurales. En diciembre de 2020 se reportó el asesinato de entre 6 y 7 personas, y el confinamiento de varias comunidades en el río Yurumanguí a causa de un ataque por miembros del ELN contra miembros de la Columna Móvil Jaime Martínez -disidencias de las FARC-.
La violencia continuada en el territorio de Buenaventura ha sido exacerbada en el contexto de la pandemia por COVID-19. Las medidas de contención del virus como cuarentena y cierre de actividades productivas han golpeado fuertemente la ya débil economía local, dejando buena parte de la población en una situación de mayor desprotección y vulnerabilidad. Los grupos armados se aprovechan de esta compleja situación, dejando a la comunidad en un doble confinamiento: por la pandemia y el conflicto. Sumado a la crisis sanitaria, está la crisis socioeconómica por la violencia y la extorsión que deja a Buenaventura en una situación de crisis humanitaria prolongada.
Nos preocupa el impacto de la violencia en los jóvenes quienes por su precaria situación social y económica están especialmente vulnerables al reclutamiento, uso y utilización por parte de los grupos armados en sus estrategias por el control territorial. El 15 de enero de 2021, habitantes del barrio Alberto Lleras Camargo denunciaron la desaparición de 3 jóvenes que se movilizaban con destino hacia Chocó.
Ante la situación actual, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 003-2021 del 2 de febrero, frente el inminente recrudecimiento de la violencia en las comunas 7, 10, 11, 12 y el corregimiento 8. Las AT dan cuenta de gran parte del panorama, pero no de toda la dinámica del conflicto en Buenaventura. No menciona, por ejemplo, el hecho reciente del río Yurumanguí de finales de diciembre, que sucedió al mismo tiempo que iniciaba el pico de violencia en la zona urbana. Los hechos en las zonas rurales y urbanas no deben verse como aislados, sino como evidencia de la reconfiguración del conflicto armado en todo el territorio, que continuará agravándose mientras el Estado no intervenga con medidas transformadoras orientadas a la prevención y garantía de la no continuación.
La falta de compromiso por cumplir los acuerdos pactados en el Paro Cívico y el Acuerdo de Paz, así como la falta de reparación de los daños causados históricamente al pueblo de Buenaventura y en el marco del conflicto, acentúa la vulnerabilidad de las comunidades ante las estrategias de dominación y control territorial por parte de los diversos actores e intereses económicos en el territorio.
¡La vida de los y las bonaverenses importa! Exigimos al Estado y las instituciones responsables actuar de acuerdo sus obligaciones constitucionales y legales en relación a la protección, respeto y garantía de los derechos.
Peticiones
- Llamamos a los miembros de los grupos armados a respetar la vida de los habitantes de Buenaventura, especialmente a aquellos cuyas familias se encuentran entre las víctimas del conflicto armado.
- A las instituciones competentes garantizar las vías efectivas de participación comunitarias en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los procesos y mecanismos del SIVJRNR y el PDET del Pacífico Medio como camino hacia la reparación territorial y la no repetición.
- Al Estado, al Congreso y a la sociedad civil organizada, a motivar y acompañar al Gobierno nacional en el despliegue de acciones orientadas a afectar las causas estructurales de la crisis humanitaria prolongada que vive Buenaventura.
- Al Gobierno, el Congreso, actores internacionales y sociedad civil, a apoyar la iniciativa “Acuerdo Humanitario Ya” hacia la paz territorial impulsada desde los pueblos étnicos del Pacifico colombiano.
- Al gobierno local a articular esfuerzos con ONU DDHH, UNICEF y otras agencias a fin de adoptar, desde un enfoque integral de derechos, medidas estructurales de prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNAJ por parte de los grupos armados, e incluir una ruta de respuesta clara ante casos de reclutamiento dentro del Plan de Contingencia Distrital.
- A la alcaldía distrital a actualizar el Plan de Protección y Prevención Distrital, garantizando la plena participación de las comunidades y organizaciones en dicho proceso, en particular para fortalecer las medidas de protección colectiva e individual para los líderes y lideresas sociales desde un enfoque étnico y territorial, así como las rutas de acciones y respuestas inmediatas ante las situaciones urgentes.
- Al Estado colombiano a extender una invitación al Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo y al Relator Especial los derechos de los pueblos indígenas de las NNUU; de igual manera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatora sobre Afrodescendientes y Discriminación Racial, la Relatora sobre Pueblos Indígenas y la Relatora sobre Niños, Niñas y adolescentes para que en el marco de sus mandatos realicen visitas al país, con énfasis en el Distrito Especial de Buenaventura, a fin de conocer a fondo la crítica situación de DDHH en el territorio y hacer recomendaciones al gobierno nacional.
[1] https://www.elpais.com.co/judicial/buenaventura-lanza-un-sos-por-incremento-de-la-violencia-urbana.html
[2] Cifras de la Personeria Distrital, Subcomité de Prevención y Protección, 5.02.2021
[3] Reportado en el CJT el 19 enero 2021.
[4] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217979606714419&id=110186167493764
Mayor Información
Francy Barbosa. Móvil 3016463545. Correo electrónico: prensacodhes@gmail.com
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