En medio de la emergencia de salud pública declarada por la crisis del COVID19 (Coronavirus), la situación de riesgo y vulnerabilidad ha aumentado para muchas víctimas de desplazamiento forzado. Así lo advierte a la Corte Constitucional la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento que solicitó esta semana al Alto Tribunal la adopción de medidas urgentes que conduzcan a proteger a esta población.
VEA AQUÍ LA SOLICITUD A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
De acuerdo con la solicitud interpuesta por la Comisión, las víctimas de desplazamiento representan el 13 por ciento de la población colombiana y transitan de un proceso de crisis humanitaria a un proceso de desarraigo que incrementa sustancialmente su vulnerabilidad socio-económica. Señalan que debido a que la política pública no se ha robustecido para encontrar soluciones duraderas que aseguren viviendas dignas, atención sicosocial, trabajo digno e ingresos básicos a las víctimas, prevalece la pauperización y el deterioro de sus condiciones de vida.
En este entendido, la Comisión es enfática al declarar que la crisis del COVID19 constituye un factor de «inminente riesgo para diversos grupos sociales desprotegidos, pero especialmente para las víctimas del desplazamiento forzado, puesto que acentúa sus graves vulnerabilidades preexistentes y les somete a un impacto desproporcionado frente a los riesgos emergentes, dadas sus precarias condiciones socioeconómicas y la dependencia de ingresos provenientes de la economía informal.»
Desde la expedición del Decreto 491 de 2020 -hace dos semanas- la Mesa Nacional de Víctimas se ha pronunciado en el mismo sentido solicitando a la Unidad para las Víctimas la activación de un Plan de contigencia para todas las víctimas del país.
La situación preocupa aún más en territorios que atraviesan desde hace meses por una profunda crisis humanitaria. Este es el caso de varios municipios del Pacífico, Antioquia, el Catatumbo y Córdoba. Según la Comisión, en muchos de estos territorios podríamos estar frente al peor escenario de expansión de una pandemia: es la mezcla perversa de guerra, miseria social y precariedad institucional. Durante los últimos días y en medio de la medida de cuarentena, tan solo en el Chocó, en Bojayá, o en Roberto Payán, en Nariño, se han registrado desplazamientos masivos de indígenas y pobladores.
Es por ello que la Comisión le recomienda a la Corte Constitucional solicitar a distintas entidades estatales formular una estrategia de atención y acompañamiento a la población víctimas en el actual contexto de vulnerabilidad sistémica orientada a:
– Crear una estrategia de atención diferenciada a la población víctima en términos de una renta básica de emergencia que brinde garantía de un ingreso mínimo vital, del acceso a salud y de la protección a la vivienda (pagos de arriendo, entre otras medidas). Complementariamente, el abastecimiento de víveres y elementos de higiene necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas.
• La adopción de medidas de especial protección para la población víctima que presenta una alta vulnerabilidad al COVID-19, tales como adultos mayores, enfermedades respiratorias, diabetes u otras características de salud relevantes.
• El uso del Registro Único de Víctimas, junto a las evaluaciones de vulnerabilidad realizadas por la UARIV, como mecanismo de priorización de la oferta de la política social para las víctimas.
• Desarrollar políticas de especial de protección para las regiones afectadas por factores de violencia estructural y de especial vulnerabilidad socio-económica.
De acuerdo con Rodrigo Uprimny, miembro de la Comisión, «nunca como ahora, es tan relevante el deber constitucional de las autoridades, previsto en el Artículo 13 de la Constitución Política, de tomar medidas en favor de grupos marginados y con mayor razón frente a la población desplazada, afectada por un conjunto de impactos derivados del conflicto armado y vulnerabilidades sobrevinientes, que comprometen su dignidad humana y por ende la de toda la sociedad».
*La Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento es una iniciativa de sociedad civil con un mandato orientado a proporcionar apoyo tanto al proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional, como a los procesos de reivindicación de los derechos por parte de las personas en situación de desplazamiento. La Comisión está activa desde agosto de 2005 y algunos de sus integrantes son Monseñor Héctor Fabio Henao, Rodrigo Uprimny, Marco Romero Silva, Luis Jorge Garay, la ONIC, CNOA, DEJUSTICIA, CODHES, VIVA LA CIUDADANÍA, LA CASA DE LA MUJER Y PASTORAL SOCIAL.
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Luis Fernando Sánchez. Coordinador de Incidencia Jurídica de CODHES. 3107722170. Correo: prensacodhes@gmail.com
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