Cerca de 700 familias desplazadas masivamente del Bajo Calima. CODHES llama a su atención y protección urgente

Comunicado Público

Grave situación de las familias y comunidad del Consejo Comunitario del Bajo Calima en Buenaventura, desplazadas masivamente a Cali por enfrentamientos entre grupos armados.

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27 de enero de 2022

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES hace un llamado urgente de atención a las instituciones del gobierno, organismos y mecanismos internacionales respecto a la grave y urgente situación de la comunidad del Consejo Comunitario del Bajo Calima, Distrito Especial de Buenaventura, en la que se reporta el desplazamiento masivo de sus habitantes por enfrentamientos entre grupos armados.

De acuerdo con lo reportado por OCHA y la Personería de Cali el 25 de enero, al menos 700 familias (aproximadamente 2.800 personas) del territorio del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima y su vecino el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Brea en Buenaventura han sido desplazadas hacia Cali ^[1]. A esto se suman las decenas de familias desplazadas dentro del distrito de Buenaventura lo cual puede implicar que cerca del 50% de la población del territorio estaría en situación de desplazamiento^[2] y preocupa que la situación de enfrentamientos pueda provocar aún más desplazamientos. Esto es de mucha gravedad teniendo en cuenta que en el 2003 ya se había presentado otro desplazamiento masivo producido por paramilitares que redujo a la mitad la población del territorio en ese momento;^[3] lo que puede significar que estamos ante una situación grave de vaciamiento del territorio.

Los hechos que ocurren en el territorio del Consejo Comunitario de Bajo Calima se presentan en un contexto de agudización del conflicto armado en la región pacífica, marcado por fuertes enfrentamientos en las cuencas de los ríos de Buenaventura y del sur del departamento del Chocó, especialmente en la cuenca del río San Juan, así:

• De acuerdo con el comunicado publicado por el Proceso de Comunidades Negras – PCN y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA, el 20 de enero 2022, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace presencia en el territorio desde hace más de 4 años.
• El 23 de noviembre del año 2021, hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas hicieron presencia en la zona baja del río y, en el marco de enfrentamientos entre los dos grupos (AGC y ELN), fueron desplazadas 87 familias de la zona del Bajo Calima.
• El 10 de enero de 2022, el grupo de AGC se presentó en la zona media del río manifestando su permanencia en el territorio.
• Desde el 17 de enero, este mismo grupo hace presencia en la zona alta del río controlando la movilidad de la comunidad. Allí fueron asesinados dos jóvenes, señalados de supuestas vinculaciones con el ELN. Según la comunidad, una de las víctimas era un joven con dificultades motrices y no tenía ninguna relación con actores armados.

Los derechos humanos y derechos etnicoterritoriales de la comunidad han sido restringidos de desde hace varios años por la presencia de grupos armados y los combates entre estos como estrategia de control territorial, generando deterioro de la identidad cultural, debilitamiento de las autoridades e instituciones propias de los pueblos y en el ejercicio de su autonomía y gobernabilidad en la región. Lo anterior a través de actos de terror, en particular: amenazas a los y las líderes sociales, reclutamiento forzado de niños, niñas adolescentes y jóvenes, controles de movilidad, desplazamientos forzados, señalamientos, asesinatos y debilitamiento a los procesos de autogobierno.

Desde CODHES identificamos la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones competentes y llamamos a las Personerías de Cali y Buenaventura, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV y a las alcaldías de Cali y Buenaventura para articular y sumar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la asistencia oportuna a las familias en situación de desplazamiento, asegurándoles condiciones de seguridad y dignidad de acuerdo sus derechos como víctimas y miembros del pueblo negro.

De igual manera, exigimos acciones urgentes para implementar las medidas de protección y prevención en el territorio con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad que se encuentra aún en el territorio. Entre otras, se requiere que la fuerza pública se mantenga en el territorio protegiendo los derechos de la población civil, sin infringir el Derecho Internacional Humanitario, al mismo tiempo que evite la confrontación armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas en medio de la comunidad.

Llamamos a la Unidad Nacional de Protección, a la Alcaldía de Buenaventura y demás instituciones competentes para asegurar medidas de protección y prevención individuales para los y las líderes sociales del territorio.

El Consejo Comunitario del Bajo Calima es uno de los casos priorizados en el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional, es sujeto de reparación colectiva priorizada por la UARIV en el marco del Decreto Ley 4635, y cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por el Auto interlocutorio No. 393 del 3 de julio de 2018.

Garantizar, por parte del Estado, las condiciones materiales para la paz en el distrito de Buenaventura es parte de los acuerdos suscritos con el pueblo de Buenaventura en junio de 2017, acuerdos que se articulan y complementan con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Por lo anterior, llamamos a las instituciones a avanzar de manera urgente con los compromisos realizados a través de las mencionadas normas y jurisprudencia para asegurar medidas estructurales para la protección, la reparación y la no repetición para la comunidad desde un enfoque étnico y colectivo.

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^[1] La dificultad para confirmar el número exacto de víctimas evidencia la enorme debilidad institucional tanto del gobierno distrital y nacional, como de los organismos del ministerio público encargado del registro.

^[2]  Según el último censo interno del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima 1.343 familias (4,025 personas) hacen parte del territorio.

^[3] Antes del hecho de 2003 se estima que habían más de 3.600 familias en el territorio.