¿Qué está pasando con la crisis humanitaria en Ituango, Antioquia?

INFORME DE CONTEXTO ELABORADO POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DESPLAZAMIENTO*

Resulta paradójico que después de un acuerdo de paz, el país y los pobladores de múltiples territorios de Colombia padezcan una crisis humanitaria que tiende a agravarse cada día.

El caso de Ituango y su entorno regional representa bien esta nueva situación desde diferentes puntos de vista. Se trata de una región en disputa, con presencia de antiguos y nuevos actores armados, que está dotada de importantes recursos naturales y corredores estratégicos para el tráfico de armas y economías ilegales; que goza de una gran diversidad cultural, pero que sufre una profunda crisis social. La presencia estatal en la región está más preocupada por el despliegue de fuerza que por asegurar derechos ciudadanos y, además, es afectada por desastres naturales recurrentes y en ella surgen problemas causados por el desarrollo de proyectos de alto impacto social y ambiental como Hidroituango. Todo esto ocurre en medio de las restricciones de la pandemia por la Covid-19 y de una muy precaria implementación del Acuerdo Final de Paz, que margina las estrategias allí pactadas para hacer frente a estas problemáticas.

DESCARGUE EL INFORME CONTEXTO DE LA CRISIS HUMANITARIA EN ITUANGO. 2021

Expresiones de la crisis humanitaria en Ituango en 2021

Desde el miércoles 21 de julio se reportó un nuevo evento de desplazamiento masivo en Ituango, a cuya cabecera municipal han llegado 4.099 víctimas procedentes de las zonas rurales, de acuerdo con los datos disponibles hasta el 28 de julio. A la crisis humanitaria derivada de las recurrentes amenazas de muerte contra la población por parte de disidencias del Frente 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se suman las intensas lluvias y vendavales que han destruido las carreteras de la zona, dejando aisladas a varias comunidades. En la siguiente gráfica se observa el número de víctimas asociadas a este evento:

Fuente: SISDHES a partir de datos disponibles en prensa

El 44,42% de las víctimas registradas durante este evento corresponderían a sujetos de especial protección constitucional: hay 1.300 menores de edad y 495 personas mayores de 65 años. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad urgente de brindar una atención adecuada a la población desplazada, de acuerdo con los mandatos definidos por la Corte Constitucional.

Fuente: SISDHES a partir de datos disponibles en prensa

Ahora bien, esta situación crítica no es nueva para este municipio, pues, durante el primer semestre de 2021, el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES) reportó 4 eventos de desplazamiento masivo y múltiple en Ituango, que dejaron al menos 875 víctimas. En tal sentido, las principales afectaciones derivadas de estos 5 eventos recaerían sobre los siguientes grupos: pobladores rurales, con 4.529 víctimas; 340 indígenas del resguardo emberá katío de Jaidukama; y 47 personas asociadas a los procesos de reincorporación en el que fuera el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía (ETCR “Román Ruiz”).

Fuente: SISDHES (2021)

De igual manera, durante el primer semestre de 2021 se documentaron 3 eventos de confinamiento causados por los enfrentamientos armados entre disidencias del Frente 18 y las AGC; disidencias del Frente 36 y las AGC, así como por la realización de un paro armado contra el transporte público, que tuvo lugar a finales de febrero de 2021, en el que presuntamente las disidencias habrían quemado un bus de una empresa transportadora, debido al no pago de extorsiones. Estos eventos de confinamiento se registraron en las veredas de El Limón, Quebrada del Medio, Las Arañas, el corregimiento La Granja y la cabecera municipal de Ituango, dejando al menos 7.754 víctimas.

Fuente: SISDHES (2021)

Otra situación asociada a la crisis humanitaria en Ituango corresponde a la falta de garantías para el proceso de reincorporación a la vida civil de excombatientes de las FARC-EP. El 21 de abril de 2021 fue asesinado el firmante de paz Mayiber Tapias Monsalve, quien desarrollaba su proceso de reincorporación en el antiguo ETCR Román Ruiz, ubicado en la vereda Santa Lucía.

La limitada respuesta institucional

Los efectos de la actual crisis humanitaria exceden las capacidades de respuesta de la administración municipal. En medio de estas limitaciones, el mandatario local, Mauricio Mira, indicó a El Espectador que desde la Alcaldía se han adelantado múltiples gestiones para garantizar la atención a las víctimas, y, como resultado, hasta el 28 de julio habrían recibido 6 toneladas de ayuda humanitaria, aunque el proceso de distribución se ha visto afectado por las lluvias y los cierres viales, causando desabastecimiento de bienes de la canasta familiar como arroz, maíz, panela, entre otros.

Por su parte, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ha alertado sobre la crisis humanitaria en Ituango, informando que se están adelantando acciones articuladas con el nivel central. Sobre el particular, el procurador regional, Luis Fernando Bustamante, instó al Gobierno Nacional para que haga presencia en la región y contribuya a la búsqueda de soluciones. Por esta razón, según el diario regional El Colombiano, el martes 27 de julio se realizó un consejo de seguridad con presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y altos mandos de la Policía y el Ejército.

Ahora bien, generan preocupación las declaraciones del ministro del Interior, quien sostiene que ya se tiene “absoluta certeza” de quiénes son los responsables de las amenazas, sin que avancen las investigaciones judiciales, mientras que el comandante de la Séptima división del Ejército Nacional, general Juvenal Díaz, minimiza la situación al indicar que los grupos armados presentes en la zona no tienen la capacidad real para causar daños a la población en todas las veredas hasta donde hicieron llegar sus amenazas. Continuando con esta lógica, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que se fortalecerá la presencia militar en las veredas afectadas, con 250 hombres del Ejército Nacional los cuales acompañarán el retorno de las comunidades, junto con el anuncio del envío de 40 toneladas de ayuda humanitaria, que aún no llegan a manos de sus beneficiarios.

Estos anuncios contrastan con las denuncias que han realizado líderes y lideresas de organizaciones como Ríos Vivos, sobre el déficit en la atención a las víctimas y el abandono de esta subregión por parte del Estado central, cuestionando además que desde el Gobierno local no se han facilitado mecanismos de transporte para ayudar a las familias a salir de los territorios en riesgo. Tampoco se ha distribuido la ayuda humanitaria y quienes se encuentran en la cabecera municipal permanecen en condiciones indignas (durmiendo en el piso, sin colchonetas, ni abrigo, ni alimentos, elementos de aseo, entre otras carencias básicas).

En ese escenario, CODHES advierte que la persistencia de los factores generadores de la crisis humanitaria, sumados a procesos eventuales de retorno sin garantías reales para la comunidad, podría desembocar en un nuevo evento de desplazamiento masivo, tal como sucedió en marzo de 2021, en el municipio de Peque (Antioquia). CODHES hace un llamado al Estado y a los grupos armados a evitar las infracciones del derecho internacional humanitario que terminan victimizando a la población civil. Asimismo, invita a las organizaciones sociales y organismos humanitarios a acompañar a las comunidades y a exigir al Gobierno Nacional la implementación efectiva de una política pública de protección de la población civil, así como al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado con los grupos que están hostigando a las comunidades.

Algunos elementos de la economía política del conflicto armado en la región

En términos de la geopolítica de estas formas de violencia masiva, el control territorial de Ituango es un propósito de los grupos armados para asegurarse el acceso a la región del Nudo del Paramillo, la cual se encuentra conectada con el Urabá, Chocó, el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba. En tal sentido, las dinámicas del conflicto y la reconfiguración de los actores armados en Ituango están asociadas históricamente a varios aspectos. Por un lado, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 2006 favoreció el surgimiento de grupos herederos del paramilitarismo, principalmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De otro lado, los vacíos de poder creados por la desmovilización de las FARC-EP, tras la dejación de armas en el año 2016, y el surgimiento de las disidencias de este grupo armado son elementos que han favorecido la intensificación de las disputas por el control territorial en la zona, en un contexto de implementación mínima del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con el Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia, de Indepaz (2018-2019), las AGC tienen un amplio control sobre la región del Nudo de Paramillo, salvo la disputa con las disidencias del antiguo Frente 18 de las FARC-EP, bajo el mando de Alias ‘Ramiro’ y, más recientemente, con la presencia del Frente 36. Mientras tanto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene su presencia en la región y en este corredor estratégico. A su vez, Los Pachelly tienen una presencia más localizada, vinculada al negocio del microtráfico.

De otra parte, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep-PPP) ha documentado cómo la ampliación y consolidación militar de las AGC en el norte de Antioquia ha generado enfrentamientos con el Bloque Virgilio Peralta de los Caparrapos y con las disidencias de las FARC-EP (antiguos Frentes 18 y 36). La estrategia de confrontación armada contra las disidencias está esbozada en la “Operación Mil”, que tiene como objetivo lograr el control territorial del municipio de Ituango, el cual fue denunciado en su momento por Proceso Social de Garantías. Esta operación generó eventos de desplazamiento en 2020 en el ETCR Román Ruiz.

En Ituango, además, existen cultivos de uso ilícito, según el informe 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNDOC), con tendencia al aumento de las hectáreas cultivadas (entre 2017 y 2019), y una mayor densidad al oriente del municipio (junto a Tarazá). En relación con la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Ituango es el municipio más rezagado del departamento, con solo 792 familias vinculadas al proyecto, de las cuales tan solo 495 han recibido asistencia alimentaria (primer componente programático). Debido a la convergencia de estas situaciones, la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas tempranas sobre el municipio de Ituango en los últimos años: 004-20 (Estructural sobre Ituango y Briceño), 022-18 y 026-18 (Estructural Nacional), 029-18 (Inminencia Ituango y Tarazá).

Otras conflictividades socioterritoriales

En Ituango se observan al menos 4 factores generadores de conflictividades. El primero se relaciona con la delimitación del área del Parque Nacional Natural (PNN) del Nudo de Paramillo en 1977, ya que más de la mitad del territorio municipal se encuentra en esta zona protegida, convirtiéndose en un escenario de tensiones socioterritoriales entre las prácticas tradicionales campesinas y los objetivos de protección ambiental. Además, en 2017, este PNN fue el segundo con mayores cultivos de hoja de coca, después del PNN La Macarena.

Por otra parte, el megaproyecto de interconexión eléctrica internacional de Hidroituango, aprobado en 2009, fue pensado para generar aproximadamente el 20% de la oferta energética del país. Ahora bien, la represa central abarca aproximadamente 4.500 hectáreas, impactando un área de influencia de 12 municipios del norte y nororiente de Antioquia. Previendo los posibles efectos de este proyecto, en 2005 el Plan de Manejo Ambiental del PNN Nudo de Paramillo consideró los siguientes impactos: “generará más especulación de la tierra, desplazamiento de las poblaciones locales hacia los nuevos polos de desarrollo y cambios en el trazado vial y en la infraestructura de servicios de la región. La zona amortiguadora del PNN es zona de influencia directa de este proyecto, ocasionando por tanto interés sobre las tierras al valorizarse las mismas por la expectativa creada” (p. 42).

El tercer factor corresponde a la minería, toda vez que el Bajo Cauca antioqueño está asociado a la tradición aurífera de pequeños mineros, que, en muchos casos, no cuentan con títulos ni procedimientos formales de explotación. Según la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, en 2017 se reportaron 9 títulos mineros (licenciados por Corantioquia), 45 solicitudes de títulos mineros y 4 solicitudes de legalización, aunque estas solicitudes no se limitan a proyectos auríferos o de materiales de construcción, pues en la región hay potencial de explotación de otros materiales, como cobre, platino, otros metales preciosos, plomo, zinc, entre otros. No obstante, las dinámicas económicas de los mercados internacionales han favorecido la aparición de un patrón de fluctuación de la población entre los cultivos de hoja de coca y la explotación aurífera, según los precios internacionales de ambos productos.

El cuarto factor de tensión está relacionado con el déficit de la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas, las cuales se han visto afectadas por los altos niveles de contaminación con mercurio sobre los cuerpos hídricos, el deterioro acelerado de la piscifauna, las prácticas ambientales comunitarias, la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad a lo largo de la cuenca del río Cauca, como parte de los efectos generados por el proyecto hidroeléctrico y las actividades de explotación minera.

Nota:   Todas las referencias empleadas durante la elaboración de este reporte fueron vinculadas al texto para facilitar su lectura.

* Este reporte fue realizado por los investigadores Daniel Albarracín Garavito, Sofía Meléndez Jiménez, Martín González Correa y Natalia Colmenares Rincón. Cartografía: Leonardo Monroy Pineda – Equipo SISDHES (2021). Corrección de estilo: Juan Solano.

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