Racismo, exclusión y violencia de Estado: la brutal represión de la protesta pacífica en Colombia

Por Esther Ojulari y Harrinson Cuero Campaz*

10 de mayo de 2021. Publicado originalmente en TowardFreedom.org.

Foto: La República

Las movilizaciones tomaron las calles de Colombia el 28 de abril en un paro nacional para protestar contra la injusticia social y las agresivas reformas fiscales propuestas por el gobierno de Iván Duque. Movimientos estudiantiles, sindicatos, organizaciones de jóvenes, grupos feministas y movimientos de pueblos indígenas y afrodescendientes marcharon, bloquearon carreteras y realizaron actividades culturales en centros urbanos y territorios rurales de todo el país, ejerciendo su derecho a la protesta pacífica . Pero el estado no tardó en responder con una represión violenta , especialmente en las principales ciudades como Cali, Bogotá, Palmira y Popayán.

Aunque la gran mayoría de las protestas han sido pacíficas, los incidentes aislados de saqueo y violencia se han utilizado como excusa para usar fuerza excesiva contra los manifestantes. Los discursos de los medios sobre “buenos manifestantes” y “malos manifestantes” legitiman esta respuesta. Se están utilizando informes generalizados de infiltrados para provocar violencia y saqueos, como ha sido el caso en huelgas anteriores en el país. Según los informes, las fuerzas armadas se mantuvieron al margen y permitieron que se produjeran saqueos, solo para luego responder a esos incidentes con una represión violenta.

En lugar de atender las demandas de los ciudadanos contra la reforma tributaria y la injusticia social, el Estado ha respondido con la militarización, convirtiendo las manifestaciones pacíficas en escenarios de guerra. Los helicópteros dan vueltas sobre los puntos de protesta y las comunidades, mientras que los tanques retumban por las estrechas calles de la ciudad.

Varias ciudades están ocupadas por cuatro actores estatales armados: 1) policías armados, 2) Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, o Brigadas Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional), 3) fuerzas militares y 4) Grupo Operativo Especial de Seguridad del Cuerpo Nacional de Policía (GOES, o Grupo Especial de Seguridad de la Policía Nacional). En lugar de buscar pacificar la situación y proteger a los ciudadanos, estas fuerzas han amenazado cada vez más la seguridad, la paz y los derechos humanos. 

Abusos flagrantes de los derechos humanos 

Incontables videos grabados por manifestantes y espectadores circulan diariamente en las redes sociales, mostrando casos de brutalidad policial, tiroteos indiscriminados y el uso de gases lacrimógenos dentro de barrios que contienen niños y ancianos. En los últimos días, la violencia ha tomado un nuevo rostro en Cali, con la presencia de policías vestidos de civil y reportes de autos sin distintivos que realizan tiroteos desde vehículos contra manifestantes.

La organización no gubernamental Indepaz, con sede en Bogotá, informa que entre el 28 de abril y el 8 de mayo ocurrió lo siguiente:

  • 47 asesinatos (la mayoría de los cuales han sido adultos jóvenes y 4 de ellos menores),
  • 12 casos de violencia sexual,
  • 28 lesiones oculares,
  • 1.876 actos de violencia,
  • 963 detenciones arbitrarias y
  • 548 desapariciones forzadas.

Circulan informes de personas detenidas y privadas de información sobre su destino, violando sus derechos al debido proceso y exponiéndolas al riesgo de detención arbitraria, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzada.

La policía armada ha amenazado a abogados y defensores de los derechos humanos cuando preguntaban por personas desaparecidas en las comisarías. La comunidad internacional se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando, el 3 de mayo, miembros de una misión humanitaria que incluía a representantes de la ONU y del Estado fueron atacados por policías armados mientras esperaban para ingresar a una comisaría en busca de personas desaparecidas. El 7 de abril, mientras se realizaba una misión humanitaria al norte de Cali con la presencia del senador Alexander López, se produjo un tiroteo desde un vehículo, que hirió a una persona y mató a tres.

La racialización de la represión estatal

La violencia y la represión tienen un impacto desproporcionado en las comunidades negras y solo reflejan el actual conflicto armado interno de Colombia. Por ejemplo, 35 de los 47 asesinatos reportados por Indepaz tuvieron lugar en Cali, hogar de la segunda población afrodescendiente más grande de América del Sur. No es de extrañar que el racismo estructural y sistémico esté profundamente arraigado en Cali. Muchos de los casos más agresivos de violencia estatal se han llevado a cabo en barrios con población mayoritaria o significativa de afrodescendientes, tratando a las comunidades como enemigas de la guerra. Históricamente, estos barrios han sufrido exclusión socioeconómica, aún más arraigada por los impactos de la pandemia de COVID-19, el racismo estructural y la violencia estatal. Muchos vecinos del barrio ya fueron víctimas de desplazamiento forzado,

Si bien las estadísticas oficiales no revelan la proporción de víctimas negras en esta ola actual de brutalidad policial debido a la falta de datos desglosados, las fotografías de las víctimas muestran claramente el impacto desproporcionado en los jóvenes afrodescendientes . 

El perfil racial no solo sustenta la violencia estatal, sino que es fundamental en la negación de la responsabilidad estatal y la impunidad. Ya se están utilizando discusiones sobre la violencia de pandillas y los conflictos urbanos existentes para cuestionar si muchos de estos jóvenes participaron en las protestas o fueron delincuentes asesinados en el contexto de la violencia cotidiana en sus comunidades. Sin duda, este discurso busca reducir el número de muertes relacionadas con las protestas, justificando simultáneamente las muertes de jóvenes negros. La primera muerte registrada en Cali tuvo lugar en el barrio de mayoría negra, Marroquín II, donde fue asesinado un hombre de 22 años. Pero los militares luego negaron que su muerte estuviera relacionada con las protestas.

Militarización, imperialismo y protestas

La situación actual en Colombia no puede entenderse aisladamente del conflicto armado más amplio y la agenda neoliberal cada vez más profunda apoyada y sostenida por Estados Unidos y las multinacionales que se alimentan de los recursos naturales de Colombia. Los intereses imperialistas estadounidenses en la región han sido claros desde finales del siglo XIX, con el intento de invasión del vecino de Colombia, Panamá, en 1885 y el inicio del proyecto del Canal de Panamá en 1904. En 1948, se creó la Organización de Estados Americanos durante una reunión en Colombia.

Colombia ha sido el punto estratégico para las operaciones políticas, económicas y militares de Washington en las últimas décadas. Gracias al apoyo técnico y logístico de Estados Unidos, Colombia es ahora una de las mayores potencias militares de la región. Con la firma del Plan Colombia en 1999 y el Plan Patriota de 2002, la presencia e influencia militar de Estados Unidos solo se ha profundizado.

Además, el apoyo militar de Estados Unidos siempre ha dependido de políticas estatales que beneficiaron a los intereses imperiales de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2009 Estados Unidos firmó un acuerdo con el Gobierno de Uribe para poder operar desde siete bases militares colombianas. Aunque este acuerdo fue bloqueado por la Corte Constitucional, el gobierno de Santos llegó posteriormente a acuerdos bilaterales alternativos. Estos permitieron el acceso y uso de las bases en la práctica , y facilitaron aún más la infructuosa y peligrosa estrategia de rociar el herbicida glifosato en cultivos ilícitos. Todo esto sustenta la ideología del “enemigo interno” y la amenaza terrorista que sustentaron el surgimiento y expansión originales del paramilitarismo en los años ochenta.

Es precisamente este modelo de paramilitarismo que está utilizando el Estado colombiano en el contexto de las protestas actuales, particularmente en Cali, donde agentes estatales, a menudo sin la identificación adecuada, colaboran con civiles para disparar y matar a manifestantes desde autos de alta gama. La Guardia Indígena, acompañando las protestas en Cali, ha sufrido varios ataques de este tipo, el más reciente el 9 de mayo, cuando ocho personas resultaron heridas. 

Esta violenta represión estatal es una consecuencia más de la intervención imperialista y del proyecto neoliberal extractivista que utiliza el militarismo para eliminar a una población históricamente racializada que considera residual, así como una amenaza para el orden capitalista supremacista blanco.

*Esther Ojulari es una activista y socióloga de derechos humanos y justicia racial. Ella es un Ph.D. candidato de la Universidad de Londres, escribiendo sobre justicia transicional y reparaciones para los afrodescendientes en Colombia. Trabajó durante ocho años como consultora en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre derechos de los afrodescendientes. Esther es actualmente Coordinadora Regional en Buenaventura, Calí y Norte del Cauca de la Consultoría en Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES). Es miembro de varias redes y coaliciones internacionales dirigidas por afrodescendientes y africanos.

*Harrinson Cuero Campaz es un activista de derechos afrocolombianos. Él es un Ph.D. candidato escribiendo sobre sostenibilidad en la planificación urbana y regional para territorios de diversidad biológica y cultural. Es activista social y miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Harrinson se desempeña actualmente como representante regional de la Consultoría en Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES) y como coordinadora para la formulación del Plan Territorial Especial del Distrito de Buenaventura 2021-40.

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