Declaración Pública de CODHES, ante la crisis de Derechos Humanos que vive Colombia en la actual coyuntura

COMUNICADO – Mayo 5 de 2021

  • Expresamos nuestra consternación ante las múltiples denuncias, sustentadas en videos y testimonios, que muestran patrones de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y en especial de la Policía Nacional, particularmente en la ciudad de Cali, en el contexto de las protestas contra los proyectos de reforma tributaria y reforma a la salud, el proyecto de reforma a la salud, entre otras políticas regresivas del gobierno del presidente Iván Duque. En otras ciudades como Ibagué, Popayán, Pasto, Buenaventura, Cartagena y Barranquilla se han reportado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra quienes participan en las movilizaciones, tale como retenciones arbitrarias, lesiones, actos de tortura, amenazas, hostigamientos, y asesinatos principalmente contra los y las jóvenes. Estos hechos son incompatibles con los principios de un Estado Social de Derecho y con los criterios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y responsabilidad que se deben observar por las instituciones que detentan el uso de la fuerza pública por parte del Estado. En el marco de la Constitución Política de Colombia la Policía debe ser una fuerza de protección y no de agresión contra la ciudadanía.
  • Rechazamos todas las manifestaciones de violencia y arbitrariedad que lesionan los derechos humanos en el contexto de la crisis que vive el país.
  • Nos preocupa enormemente la débil y tardía respuesta de los organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías (en algunos municipios), encargados por la Constitución de la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como regional. Su acompañamiento y respuesta oportuna deben contribuir a la garantía real de los derechos de los ciudadanos y al buen funcionamiento del estado social de derecho. Lo anterior reviste mayor preocupación si se considera que, dentro de las víctimas mortales de las violencias policiales, los niño@s y principalmente jóvenes de los barrios empobrecidos y racializados representan la población más afectada. En este sentido, es clave resaltar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y en especial consideración si hacen parte de grupos étnicos o históricamente excluidos.
  • La violencia indiscriminada reviste mayor gravedad si se considera que dentro de las poblaciones más afectadas y las víctimas mortales de las violencias policiales, se encuentra niño@s y jóvenes de los barrios más empobrecidos y racializados en diferentes ciudades. En necesario recordar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y en especial consideración si hacen parte de grupos étnicos y demás sectores históricamente excluidos.
  • Manifestamos nuestro rechazo al empleo de la figura de “asistencia militar” para el control del orden público interno, la movilización y la protesta social. Por su naturaleza y su misión constitucional, las fuerzas militares carecen de la formación específica y los equipos adecuados para mantener el orden público. Dar un tratamiento militar a la movilización social implica profundos riesgos para la vida, la libertad de participación y expresión, la vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho; por lo cual demandamos el respeto de los principios y estándares internacionales de los derechos humanos y del uso de la fuerza pública. Rechazamos igualmente los llamados de sectores autoritarios al uso de los estados de excepción en este contexto, pues solo contribuiría a incrementar exponencialmente la violación de los derechos y libertades fundamentales.
  • Advertimos los graves riesgos que plantean las declaraciones públicas de funcionarios del Estado en las que estigmatizan las movilizaciones sociales, apelando al expediente de catalogarlas y confundirlas con “amenazas terroristas”. Estas declaraciones tienen como efecto deslegitimar las razones de las reivindicaciones sociales, criminalizar las protestas y reclamos de la población en detrimento de los derechos políticos reconocidos por la Constitución, además de incrementar la desconfianza en las instituciones y contribuir al escalamiento de la violencia contra los manifestantes.
  • Recordamos el deber que tiene el Estado de respetar, garantizar y promover el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, incluido el derecho a la protesta social. Por lo cual exhortamos al Estado a abstenerse de realizar cualquier tipo de acciones que puedan tener efectos negativos sobre el goce de los derechos de los manifestantes.
  • Rechazamos enfáticamente las directrices políticas de dirigentes del partido de gobierno que invitan al uso de las armas del Estado contra los ciudadanos.
  • Entendemos que actualmente el país afronta múltiples retos para atender la población pobre y la población vulnerable, y comprendemos que estos retos son resultado de múltiples factores entre ellos las inequidades históricas y estructurales del país, la persistencia de un modelo de injusticia fiscal, la pandemia del COVID – 19 y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado. Sin embargo, consideramos que la única forma de resolver estos problemas es con el respeto irrestricto a los derechos humanos, el diálogo democrático, el reconocimiento de las demandas sociales y la amplia participación de los pueblos y comunidades.
  • En este sentido, hacemos un llamamiento para que el Gobierno Nacional entable un diálogo amplio, con verificación internacional, con los representantes de los grupos que de tiempo atrás vienen manifestado su inconformidad con las políticas gubernamentales. La actitud de irrespeto del gobierno con la sociedad con el modelo de la “Conversación Nacional” de fines de 2019 es un mal precedente que debe guiar otras formas de dialogo efectivo. La observancia plena de los derechos Humanos debe ser parte fundamental de cualquier dialogo sobre la crisis.
  • Saludamos y agradecemos las manifestaciones y exigencias de respeto a los Derechos Humanos en esta crisis formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la delegación de la Unión Europea, las representaciones diplomáticas en Colombia, legisladores, agencias y organizaciones de sociedad civil de los Estados Unidos y Europa y demás voces que se han sumado al rechazo del uso de la violencia contra los y las jóvenes, el uso desproporcionado de la fuerza y la estigmatización de la protesta social.
  • Respaldamos la solicitud del movimiento de Derechos Humanos de Colombia para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como otras instancias de verificación internacional, puedan visitar inmediatamente el país y conocer directamente las circunstancias que atraviesa Colombia.
  • Llamamos a los distintos órganos de control a cumplir sus funciones constitucionales de prevención, protección, veeduría, seguimiento, acompañamiento y defensa de los derechos humanos en los escenarios de las manifestaciones. Demandamos la apertura inmediata de investigaciones penales y disciplinarias sobre los hechos ocurridos y la implementación de reformas que desactiven los patrones de violencia policial que están a la vista de la opinión pública.
  • Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos presentadas en el contexto de la movilización social iniciada el 28 de abril en el marco del paro nacional. Y llamamos al Estado a cumplir con su obligación de investigar y sancionar aquellas conductas que tengan carácter delictivo, siempre dentro del respeto del debido proceso, la presunción de inocencia y en general en el marco de la protección de los derechos constitucionales.

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