Organizaciones presentan recomendaciones para implementación del Estatuto de Protección para Población Migrante

Este lunes el Gobierno firmó del Decreto que pone en marcha el Estatuto de Protección a Población Migrante Venezolana. Distintas organizaciones de la sociedad civil, expertas en temas de migración y refugio y centros de pensamiento, entre ellas CODHES, entregamos a la Cancillería de Colombia distintas recomendaciones que permitan que esta medida se convierta en un instrumento efectivo para la protección de los derechos humanos de esta población.

Por Prensa CODHES

Organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento, entregamos a la Cancillería de Colombia, un documento con diversas recomendaciones en el proceso de implementación del recién decretado Estatuto de Protección para Población Migrante. En días pasado desde la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, resaltamos la importancia de esta iniciativa del Gobierno, esperando que el mecanismo adoptado, contribuya a la garantía de los derechos fundamentales de la población venezolana que se encuentra en Colombia, así como de otros migrantes, refugiados y poblaciones en tránsito que han buscado protección en el país. (VER COMUNICADO DE CODHES SOBRE EL ETPMV)

DESCARGUE AQUÍ EL DOCUMENTO DE LAS ORGANIZACIONES A LA CANCILLERÍA

Entre las observaciones entregadas en el documento dirigido a la Cancillería, consideramos necesario incluir en el ETPV:

1. Principio de libertad probatoria: sugerimos que en el texto del decreto se incluya que para probar la presencia de las personas migrantes en situación irregular antes del 31 de enero de 2021 aplique el principio de la libertad probatoria, es decir que puedan presentar cualquier tipo de documento que demuestre que estaban aquí antes de esa fecha.

2. Los riesgos de la recolección de datos biométricos: Los datos biométricos son datos sensibles. Exigirlos no es necesario. Hacer obligatoria su entrega es incompatible con los derechos de habeas data y no discriminación. Por eso solicitamos que las disposiciones relacionadas con la recolección de estos datos sean eliminadas del texto del decreto. 

Como alerta la Fundación Karisma: “El requerimiento de recolectar datos biométricos como los faciales debería responder a un examen de necesidad y proporcionalidad. Este examen debe garantizar que la recolección de datos biométricos no sea arbitraria y que no responde a una acción discriminatoria en contra de un grupo de migrantes en condición de vulnerabilidad”.

3. Incluir el acta de nacimiento dentro de los documentos que deben presentar las personas mayores de edad para ser incluidas en el registro: teniendo en cuenta los obstáculos de acceso a la documentación que enfrentan las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos, sugerimos que se incluya el acta de nacimiento dentro de la lista de documentos que pueden presentar las personas mayores de edad para ser incluidas en el Registro Único.

4. Clarificar el alcance del Permiso por Protección Temporal: sugerimos que se diga explícitamente en el texto del decreto que el PPT es un documento de identificación válido para que las personas  puedan acceder al sistema de salud, pensional, financiero y educativo; con el cual pueden convalidar sus títulos profesionales ante el Ministerio de Educación; y solicitan tarjetas profesionales. También solicitamos que se utilice como prueba del domicilio de los padres para que los niños y niñas nacidos en Colombia accedan a la nacionalidad colombiana.

5. Partir de la presunción de inocencia: consideramos que la expedición de este permiso no debe negarse por tener procesos administrativos, judiciales o investigaciones administrativas migratorias en curso, pues dichas disposiciones vulneran el derecho a la presunción de inocencia establecido en la Constitución Política de Colombia y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo que sugerimos que estas expresiones sean eliminadas del texto del decreto.

6. La inconveniencia de imponer un costo al PPT: sugerimos que se haga explícito en el texto del decreto que la expedición del PPT es gratuita. La posibilidad de que se pueda cobrar por este trámite pondría en una situación de mayor vulnerabilidad a la mayoría de las personas migrantes y refugiadas.

7. Las causales de cancelación del PPT: consideramos que la forma como están enunciadas algunas de las causales en el borrador del decreto vulneran el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, y no garantizan el principio de legalidad y la proporcionalidad de las sanciones. Por lo que solicitamos que se eliminen las siguientes causales:

• Encontrar un registro de infracciones al ordenamiento jurídico (numeral 1)

• Considerar que la presencia del extranjero en el territorio nacional es inconveniente (numeral 3)

• Considerar que la permanencia del extranjero es inconveniente para la seguridad nacional o ciudadana (numeral 5).

También sugerimos que se establezca que el acto administrativo que cancela el PPT está sujeto a los recursos de la actuación administrativa.

8. Concurrencia de permisos y salvoconductos de permanencia a las personas solicitantes de refugio: sugerimos que se aclare que para ser incluido en el Registro Único y aplicar al PPT no es requisito desistir de la solicitud de refugio.

Hacemos un llamado para que, como sucedió con el borrador del decreto, las resoluciones que lo implementen también sean consultadas con la opinión pública.

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