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Organizaciones demandan artículo de la JEP frente a responsabilidad de terceros en el conflicto armado

Un aparte del artículo 11 de la Ley 1922 restringe la competencia de la JEP frente a terceros civiles y agentes del Estado.

Organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Constitucional declarar inconstitucional un aparte del artículo 11 de la Ley de Procedimiento de la JEP, 1922 de 2018, que limita la competencia de la justicia transicional frente a terceros civiles y agentes del Estado No Integrantes de la Fuerza Pública únicamente a delitos relacionados con el financiamiento y patrocinio de grupos armados al margen de la Ley. #CivilesALaJEP

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Por Prensa Colectivo CAJAR

 

El parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 restringe la competencia de la JEP frente a terceros civiles (como empresarios) y agentes del Estado que no pertenecen a la Fuerza Pública (no militares), al establecer que este órgano judicial será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer conductas “relacionadas con financiar, patrocinar, promover o auspiciar” a grupos armados organizados al margen de la ley. Cabe resaltar que la competencia de la JEP frente a estos ya se encuentra limitada para actuar en estos casos al sometimiento voluntario de los comparecientes.

ESCUCHE A LUIS FERNANDO SÁNCHEZ, DE CODHES, EXPLÍCANDO LA DEMANDA

Las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que suscribimos esta demanda (1), consideramos que la norma es contraria a la Constitución Política, también porque implica una reforma al Acto Legislativo del Sistema Integral 01 de 2017, y la Ley estatutaria de la JEP, 1957 de 2019, algo que solo podría hacerse mediante una ley estatutaria o reforma constitucional, y no mediante una ley ordinaria como ocurrió en este caso (2).

Por eso, el parágrafo demandado restringe los delitos que pueden ser competencia de la JEP en contravía de la Constitución y la ley Estatutaria de la JEP recientemente promulgada por el Presidente Duque que establece como límite sólo la relación de las conductas con el conflicto armado (3).

La comparecencia de empresarios y agentes estatales no combatientes es fundamental para los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana que espera tener el relato completo sobre los patrones, estructuras e intereses que actuaron detrás de todas las graves violaciones a los derechos humanos. Esta verdad es una deuda histórica que debe ser saldada bien por la justicia ordinaria con carácter prioritario o bien por la justicia transicional.

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1. Corporación Jurídica Yira Castro, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado -CODHES, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar

2. Esto vulnera el principio de reserva de ley estatutaria, contemplado en el artículo 152 de la Constitución, según el cual las normas que desarrollen materias relativas a la administración de justicia deben ser expedidas por el Congreso de la República mediante una ley estatutaria y no por ley ordinaria.

3. Artículos transitorios 6, 16 y 17 del A.L. 01 de 2017 y el Artículo 62 de la Ley 1957 de 2019

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