Situación de gravedad y riesgo impera frente a pueblo indígena beneficiario de medidas cautelares en Colombia

El 12 de febrero, el Pueblo Indígena Siona se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, con el fin de revisar el avance de la implementación de las medidas cautelares emitidas para proteger su integridad. Luego de la reunión con la CIDH, el Pueblo Siona y las organizaciones acompañantes -entre las que se encontraba CODHES-, emiten el siguiente comunicado.

Sucre, 12 de febrero, 2018.- El Estado Colombiano no ha cumplido con lo ordenado por las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del Pueblo Siona, hecho que profundiza el riesgo de su exterminio físico y cultural.

“A pesar de que la comunidad Siona ha buscado continuos acercamientos con el Estado y ha cooperado con todos los requerimientos que el Estado ha formulado para buscar un acuerdo en la implementación de las medidas de protección, las amenazas y hostigamientos en contra de miembros del Pueblo Siona, las restricciones de movilidad y la imposición de normas de comportamiento por parte de actores armados, el reclutamiento de jóvenes del pueblo y la existencia de minas antipersona en el territorio, continúan generando graves afectaciones a la seguridad, integridad y vida del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Pi;u;a),” indicó Lina María Espinoza, abogada de la organización Amazon Frontlines.

Estos fueron algunos de los señalamientos realizados por Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Secretaría Operativa de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (CDDHHPI), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) durante una reunión de trabajo realizada en el marco del 171° período de sesiones de la CIDH en Sucre (Bolivia).

Si bien se reconoció que la cancillería colombiana conoció la propuesta de concertación realizada por el Pueblo Siona y a partir de ella desarrolló una propuesta institucional, las partes indicaron que la misma no recoge lo requerido por la comunidad y en cambio busca imponer una metodología culturalmente inadecuada, sin consonancia con la forma en que el Pueblo Siona toma decisiones y desarrolla sus sistemas de autogobierno. Por otra parte, los obstáculos presupuestales han sido frecuentemente citados por el Estado como argumento para no llevar a cabo la reunión de trabajo en territorio para avanzar con el proceso de concertación. Asimismo, pese a las solicitudes expresas de los dirigentes del Pueblo Siona, el Estado rehúsa desplazarse al territorio sin el acompañamiento y participación de miembros de la Fuerza Pública.

La reunión de trabajo se realizó a escasos días de que el Estado colombiano se enfrente a una audiencia pública donde se abordarán los riesgos enfrentados por pueblos indígenas y las personas quienes los defienden. De acuerdo a la ONIC, 30 líderes indígenas fueron asesinados en el 2018, sumándose 2 líderes Awá a finales del mismo año. Asimismo, se calcula que más de 208 fueron sujetos de amenazas. La violencia e impunidad que impera en este contexto afecta las posibilidades de autogobierno, vida comunitaria, y capacidades de ejercer sus tradiciones y cultura. Los Siona, en particular, han sido identificados desde el 2009 por la Corte Constitucional de Colombia dentro de un grupo de 36 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural por distintas acciones de grupos armados operando en el marco del pos-conflicto armado colombiano; esta situación de riesgo persiste y se agrava por la presión de la multinacional petrolera Amerisur y por
diversos actores armados. Dirigentes de esta comunidad se han enfrentado a hostigamiento, criminalización y judicialización por defender su territorio.

“Hasta la fecha, el Estado continúa incumpliendo con la implementación de medidas eficaces, sistemáticas y culturalmente apropiadas para salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y proteger la vida e integridad de los Siona”, señaló Francisco Quintana, director de CEJIL para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe. “Mientras tanto, las cifras de dirigentes indígenas asesinados está creciendo y en el caso de los Siona, su situación de precariedad se aumenta de día a día. Así, Colombia está perdiendo una parte importante de su patrimonio y un país que no reconoce su herencia es un país sin futuro”.