¿Por qué la propuesta de Restitución de Tierras del Centro Democrático va en contravía de los derechos de las víctimas en Colombia?

Este jueves 18 de octubre se realizará la Audiencia Pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes respecto al proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011 que presentó la Senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. El Proyecto constituye una regresión en materia de reconocimiento y garantías de derechos de las víctimas en materia de restitución de tierras. CODHES publica la intervención que realizará hoy en el Congreso a propósito de la defensa por la restitución de tierras de las víctimas en Colombia #NoLegalicenelDespojo

INTERVENCIÓN AUDIENCIA PÚBLICA CONGRESO DE LA REPÚBLICA 18 DE OCTUBRE DE 2018, RESPECTO AL PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, es una organización no gubernamental que desde 1992 trabaja en defensa de los derechos de la población afectada por el conflicto armado especialmente la población desplazada y despojada.  En relación con el proyecto de Ley en discusión presentamos la siguiente intervención: DESCARGUE AQUÍ LA NTERVENCION DE CODHES EN EL CONGRESO

Consideraciones Generales

El desplazamiento forzado en Colombia, representa cerca del 95% del total de víctimas del conflicto armado incluidas en el Registro Único de Víctimas, y de acuerdo con la III encuesta de verificación el 94% de la población desplazada perdió bienes inmuebles, especialmente tierras. Asimismo, más del 54% de la población desplazada salió de entornos rurales. Por lo anterior, la restitución constituye una parte fundamental del derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado y despojo, entre otras, porque ante la multiplicidad de derechos que se vulneran con el desplazamiento forzado, la violación del derecho a la propiedad privada de campesinos y campesinas ha sido el eje central del conflicto armado y el desplazamiento forzado.

De acuerdo con la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, a agosto de 2018, se habían restituido 6.518 predios en 4.465 sentencias que han protegido el derecho a la restitución de 41.066 personas.

En términos procesales y sustanciales esta propuesta de modificación normativa es regresiva en relación con el reconocimiento y la garantía del derecho a las víctimas de despojo y abandono forzado con ocasión del conflicto armado. Puntualmente, hemos identificado las siguientes situaciones que constituyen una regresión en materia de reconocimiento y garantías de derechos de las víctimas en materia de restitución de tierras:

  • Elimina la inversión de la carga de prueba. En diferentes proposiciones para modificar los artículos 71, 77 y 78 el proyecto de Ley propone limitaciones a la Inversión de la Carga de la prueba bajo dos argumentos sustanciales, el primero, la necesidad de proteger a los segundos ocupantes de buena fe y segundo, garantizar el debido proceso de los opositores. Respecto al primer argumento, es necesario decir que el estándar de buena fe exenta de culpa y la inversión de la carga de la prueba fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia 330 de 2016, que se cita en la parte motiva del proyecto de Ley y segunda, entendiendo que la Especialidad de Restitución de Tierras es una instancia transicional, es fundamental proteger la celeridad del proceso para garantizar la restitución y las salvaguardas al debido proceso han sido también declaradas exequibles por la Corte Constitucional en diferentes providencias.
  • Confunde la instrucción de juez constitucional de legislar para la protección de los segundos ocupantes, puesto que en la Sentencia 330 de 2016, la Corte insta al congreso a legislar para “establecer e implementar una política pública comprensiva acerca de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional” y no a modificar ni el procedimiento, ni el alcance de la restitución que como ya se mencionó se declararon exequibles. Esto además ignora que, la Corte Constitucional en la Sentencia C795 de 2014, señaló que el derecho a la restitución de tierras como componente de la reparación integral de las víctimas, es autónomo e independiente de los derechos reconocidos a los terceros. Por lo que es urgente diseñar la política para la protección de los derechos de los segundos ocupantes, sin que esta limite el derecho de las víctimas a la reparación integral en la que la restitución es parte fundamental.
  •  Crea un conflicto jurisdiccional que ralentiza el proceso de restitución de tierras, en las modificaciones propuestas para los artículos 23 y 24. Esto debido a que impone a los Jueces de Restitución que son jueces de una especialidad civil, a esclarecer los hechos del despojo, las estrategias y mecanismos. Esto, es competencia de la Justicia Penal bien sea ordinaria o transicional, el juez de restitución más allá de establecer que ocurrieron los hechos de despojo y abandono forzado, y la buena fe exenta de culpa de los opositores, no puede asumir las competencias jurisdiccionales de la justicia penal, y en todo caso, esto dilataría el proceso de restitución. Pues implicaría que, para proferir sentencia de restitución, el juez debe haber esclarecido todos los hechos, estrategias y mecanismos del despojo y el abandono forzado.
  • Limita la protección a la propiedad privada de la población rural pues desconoce el origen informal de la propiedad rural en Colombia, y establece limitaciones al reconocimiento de la propiedad rural en las modificaciones que introduce al artículo 75, entre otras desconoce que prácticas que en antaño se consideraban como consuetudinarias luego se han criminalizado como consecuencia de las actuaciones de sujetos ajenos al campo, como es el caso de los cultivos de coca y amapola.
  • Limita el goce efectivo de la propiedad restituida y por lo tanto del derecho a la restitución genera que las víctimas de despojo y abandono forzado se vean abocadas a mantener relaciones comerciales con los eventuales beneficiarios del despojo y que los recursos que se derivan de los proyectos productivos no vayan al fondo de tierras o al de reparaciones, generando así vicios al proceso de restitución aprovechando las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas en relación con la capacidad adquisitiva de quienes pudieron beneficiarse del despojo. Esto en las modificaciones al artículo 99 contenidas en el Proyecto de Ley.
  •  Reconoce la Venta Forzada como un mecanismo ajeno al despojo en el marco del conflicto armado, el Proyecto de Ley propone múltiples modificaciones (entre otros a los artículos 72,74 y 82) en relación con la tipología de despojo “Venta Forzada” que tienen dos impactos concretos, el primero, generar diferenciaciones en el alcance del derecho a la restitución de acuerdo con la estrategia utilizada para el despojo, tal como la identificó la entonces Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y el segundo, legalizar el despojo vías ventas forzadas limitando el derecho a la restitución y promoviendo la compensación como mecanismo preferente en estos casos; entre otras, lo hace señalando que la Venta Forzada no se da en el conflicto armado sino en el marco de la violencia generalizada.
  •  Introduce actuaciones dilatorias del proceso de restitución, tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial, se introducen instancias de réplica, innecesarias al existir una instancia judicial que admite la intervención de quienes consideran tener derecho legítimo sobre el predio, el impacto de esto es la dilación del proceso de restitución y generar que el proceso transicional sea tan lento e ineficaz como el proceso ordinario de justicia. Las modificaciones a los artículos 76, 86 y 88 dan cuenta de adiciones procedimentales que tienen el efecto señalado.
  •  Atenta contra el derecho a la igualdad de las víctimas de despojo y abandono forzado, Las primeras zonas microfocalizadas – las que mayor tiempo han tenido para la restitución- fueron precisamente las zonas de mayor control paramilitar, mientras que las zonas microfocalizadas en los últimos dos años, corresponden a zonas de control de las FARC principalmente. Esto implica que cualquier modificación que pueda ser regresiva en relación con las condiciones de las víctimas para acceder a la Restitución de Tierras y Derechos Territoriales afectará el derecho a la reparación de las víctimas de las FARC en mayor medida, y en general el derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación.

Adicional a lo anterior, consideramos que criminaliza la actuación de las organizaciones de la sociedad civil y la protesta social, en tanto otorga efectos penales a las actuaciones de hecho en la defensa de la tierra de las víctimas, esto implica cualquier tipo de protesta por ejemplo, y atañe a las organizaciones de la sociedad civil que asesoran y acompañan a las víctimas la responsabilidad de establecer si son o no efectivamente víctimas de despojo con el costo de tener efectos penales, desconociendo el principio constitucional de buena fe y el procedimiento existente para la valoración de las solicitudes de restitución.

En tal sentido, recomendamos que este proyecto de Ley no sea aprobado pues podría tener efectos negativos en la restitución propiciando que se mantenga la inseguridad jurídica de la propiedad rural -haciendo que la restitución no avance al ritmo que la justicia transicional implica- y atentando contra el reconocimiento de la propiedad rural de quienes fueron víctimas del conflicto armado, que de cara a la continuidad del mismo implicaría el temor de los actuales propietarios y la incertidumbre para la protección de la propiedad.

INTERVINIENTES:

MARCO ROMERO SILVA. DIRECTOR DE CODHES

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ S.  (VOCERO INTERVENCIÓN). COORDINADOR EQUIPO DE INCIDENCIA JURÍDICA

CARLOS ENRIQUE NÚÑEZ. ANALISTA JURÍDICO RESPONSABLE DEL OBSERVATORIO DE TIERRAS Y DERECHOS TERRITORIALES OTDT

VIVIANA MORALES. ASISTENTE JURÍDICA OTDT

INGRID PAOLA HURTADO. COORDINADORA DEL SISDHES

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