Reparación Colectiva ¿Cómo saldrá a flote?

¿A dónde apuntará la tarea del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Para algunos expertos en los temas de víctimas y derechos humanos, mecanismos como la JEP o la Comisión de la Verdad, tendrán que conllevar necesariamente a la reparación de las víctimas, particularmente de los sujetos de reparación colectiva.

Es por ello que el próximo miércoles 12 de septiembre, CODHES en conjunto con el ICTJ, el Observatorio de Territorios étnicos y campesinos y la Universidad Javeriana, reunirán distintas miradas multidisciplinarias de organizaciones sociales, sujetos de reparación colectiva, académicos y entidades del Estado frente a los nuevos alcances, enfoques perspectivas, escenarios y desafíos de la reparación colectiva, la reparación con enfoque territorial y la justicia prospectiva en el marco de la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo de Paz.

Fotografía: ICTJ, The International Center for Transitional Justice

CONTEXTO

La reparación colectiva en Colombia es un tema que se ha venido desarrollando a partir de la creación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, con la conformación de la Comisión Nacional de Reparación y Reincorporación, que tuvo como tarea poner en marcha ejercicios piloto de reparación con diversos colectivos en diferentes zonas del país, que sirvieran como punto de partida para la construcción de un programa administrativo de reparaciones colectivas. Dicho programa se materializó en la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800 y los Decretos Ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011. En términos generales, todas estas disposiciones caracterizan como sujetos de reparación colectiva a grupos y organizaciones sociales y políticas o comunidades identificadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social, en razón de su cultura, del territorio que habiten o de una causa común que les aglutine. Dicho reconocimiento parte también de la existencia de un daño colectivo en el marco del conflicto armado interno, que puede darse por tres situaciones que no se excluyen entre sí:

  1. El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos.
  2. La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de un colectivo.
  3. El impacto colectivo de la violación de derechos individuales.

La implementación del Programa administrativo de reparación colectiva, después de 7 años de vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, ha estado marcada por la existencia de innumerables dificultades, tales como barreras para el acceso al goce efectivo de derechos por parte de los sujetos colectivos, cuellos de botella para el avance en los casos étnicos, incapacidad institucional para cumplir con las medidas establecidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva, poca inclusión de enfoques de género y étnico y problemas en términos de participación efectiva de los sujetos, transparencia y acceso a información oportuna y pertinente sobre los procesos. Asimismo, estos procesos presentan bajo nivel de avance en los casos de los sujetos nacionales, falta de mecanismos adecuados de coordinación y articulación interinstitucional y ausencia de mecanismos constantes de seguimiento, evaluación y ajuste de la política.

Teniendo en cuenta dichas dificultades, y entendiendo el potencial transformador de la reparación colectiva, el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC – EP, contempla, en el punto 5 que, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador.

En ese sentido, se plantea que el nivel de victimización y afectación como criterio de definición de las zonas donde se pondrán en marcha los PDET tiene una intención reparadora y, en esa medida, en su implementación se buscará garantizar el carácter reparador para las víctimas y las comunidades. Esto, como se menciona anteriormente, es extensivo no solo a los PDET, sino a los demás mecanismos del punto 1 del Acuerdo.

Igualmente, se establece que los planes de reparación colectiva tendrán un enfoque territorial y contendrán medidas materiales y simbólicas encaminadas a atender el daño colectivo y medidas dirigidas a atender los daños en el tejido social y promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a los ex integrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y también a terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto. Asimismo, se plantea que estos planes deberán articularse, donde haya lugar, con los PDET y con los diferentes planes y programas acordados, así como con los distintos esfuerzos de verdad y justicia.

Es importante resaltar que los mecanismos de verdad y justicia definidos en el punto 5 del Acuerdo de Paz representan una apuesta importante en términos de reconciliación, convivencia, garantías de no repetición y modelos de justicia prospectiva, restaurativa e histórica.. Así pues, además de buscar el esclarecimiento de la verdad y el enjuiciamiento de los responsables, deben contribuir a generar garantías de no repetición y reparar los daños culturales, económicos, políticos, ambientales, territoriales y sociales que ha dejado la guerra, para lo cual tendrán que recurrir a una serie de medidas, programas y Teniendo en cuenta dichas dificultades, y entendiendo el potencial transformador de la reparación colectiva, el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC – EP, contempla, en el punto 5 que, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador.

El Acuerdo de Paz abre el espectro de entendimiento de la reparación colectiva, planteando la necesidad de integrar nuevos enfoques, nuevas perspectivas, fortaleciendo la mirada étnica y de género y articulando tales procesos con los diferentes mecanismos de reforma rural integral, verdad, justicia, garantías de no repetición y desarrollo territorial.

Más información: prensacodhes@gmail.com