¿Qué brechas debe cerrar el Estado de Colombia para responder a la migración venezolana?

Avanzar en legislación, jurisprudencia y políticas públicas sobre migración y sobre refugio, con el fin de dar una respuesta efectiva a la población proveniente de Venezuela desde un enfoque de derechos, son algunas de las recomendaciones que organizaciones de la Iglesia, la sociedad civil y la academia hacen al Estado Colombiano para responder a la situación de migrantes y refugiados en el país. 

En junio varias organizaciones presentaron al Estado Colombiano un Informe sobre Necesidades de protección de las personas venezolanas forzadas a migrar, refugiadas y en riesgo de apatridia en Colombia. DESCARGUE AQUÍ EL NFORME MIGRANTES Y REFUGIADOS

El Informe que fue una contribución al reporte regional sobre la situación de los migrantes de Venezuela, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, busca dar cuenta de la situación de migrantes, refugiados y retornados provenientes de Venezuela, indicando los principales instrumentos de política, los vacíos para la protección de sus derechos e indica algunas recomendaciones para el Estado colombiano.

Frente a la magnitud de la población proveniente de Venezuela hay información ambigua y un importante subregistro, ya que aproximadamente la mitad de la población que está en territorio nacional ingresa por pasos fronterizos informales. Hasta el 25 de abril de 2018, según Migración Colombia, había aproximadamente 1.300.000 venezolanos en territorio colombiano, de los cuales entre el 60 por ciento y 70 por ciento estaban en situación migratoria irregular.

En cuanto a la población en necesidad de protección internacional, según el Portal de ACNUR, Sobre de la Situación de Venezuela durante 2014 y 2017, se realizaron 1.057 solicitudes de refugio en Colombia. Al finalizar el año 2016, en Colombia había tan solo 258 refugiados reconocidos de todo el mundo (Global Trends ACNUR) y entre 2010 y 2017 tan solo han sido 51 los reconocimientos de la condición de refugio de todo el mundo según Ministerio de Relaciones Exteriores .

Desde febrero de 2018, la Presidencia de la República ha tomado una serie de decisiones que cambian el panorama de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela:

  1. Aumento del pie de fuerza en frontera;
  2. Registro administrativo (Decreto 542 del 21 de marzo de 2018);
  3. Suspensión de la emisión de la tarjeta migratoria fronteriza;
  4. Ampliación limitada de la expedición del Permiso Especial de Permanencia, permitiendo a los venezolanos que ingresaron hasta el 2 de febrero, realizar los trámites para la obtención del PEP;
  5. Conformación del Grupo Especial Migratorio (GEM);
  6. Incremento de acciones de verificación de la situación migratoria;
  7. Creación de un refugio; entre otras.

En este sentido, el Informe advierte que el sistema de refugio en Colombia requiere un rediseño normativo y administrativo, que incorpore altos estándares de protección según DIH y los DD.HH., así como garantías para la no devolución y
garantías para el ejercicio del derecho al trabajo para los solicitantes de asilo y refugiados.

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Resulta preocupante la respuesta securitista del Estado colombiano frente al incremento migratorio de personas en necesidad de protección internacional; desde inicios del 2018 se han realizado controles fronterizos más restrictivos de la movilidad, con mayor presencia del ejército en frontera. Actualmente de adelantan procedimientos de verificación y operativos en parques y centros comerciales que derivan en la sanción, deportación y expulsión, sin que existan alternativas efectivas para la regularización. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Migración Colombia, hasta el 26 de abril, había hecho 61.381 verificaciones a personas
naturales y 2.089 a personas jurídicas, de las cuales 101 empresas ya han sido sancionadas con multas de entre 1 y 5.000 salarios mínimos por emplear irregularmente extranjeros.

Las medidas adoptadas resultan insuficientes en el marco del respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes y el derecho internacional de los refugiados, por lo cual el Informe resalta la necesidad imperante de avanzar en legislación, jurisprudencia y políticas públicas sobre migración y sobre refugio, con el fin de dar una respuesta efectiva a la población proveniente de Venezuela desde un enfoque de derechos.

DESCARGUE AQUÍ EL INFORME MIGRANTES Y REFUGIADOS VZ EN COL

El Informe fue elaborado por CODHES, el Servicio Jesuita a Refugiados de Colombia, el Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe, la Corporación Opción Legal, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, el Grupo de Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional y Fundacolven.

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Prensacodhes@gmail.com

 

 

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