¿Quedarán sin sanciones los terceros civiles responsables de crímenes en Colombia?

El Acto Legislativo que reglamenta el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a partir del Acuerdo de Paz, podría dejar en la impunidad la responsabilidad de terceros civiles en graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Organizaciones colombianas pidieron ante la CIDH, evitar la impunidad en estos casos.

Por Prensa CODHES

35 casos de violación sexual cometidos contra mujeres afrodescendientes por los paramilitares del Bloque Pacífico y que fueron apoyados por 50 comerciantes y mineros, hoy siguen en la impunidad a pesar de que el 30 de enero de 2017, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para investigarlos. Este fue uno de los casos que varias organizaciones colombianas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 9 de mayo durante la Audiencia Pública “Investigación y sanción de violación a Derechos Humanos cometidas por terceros civiles en Colombia”. (A revisión situación de DD.HH en Colombia)

La mayor preocupación expresada por las organizaciones que solicitaron la Audiencia, es que los crímenes cometidos en el conflicto armado, en los que los terceros civiles tengan responsabilidad, queden en la impunidad. (VEA LA AUDIENCIA)

De acuerdo con los representantes de las organizaciones, respecto a terceros civiles existe una evidente contradicción entre lo firmado en el Acuerdo de Paz y lo que se ha implementado. Carolina Solano, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que en el Acto Legislativo 01 de 2017 que reglamenta el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR) establecido en el Acuerdo, se otorga la condición de voluntariedad para presentarse ante la justicia transicional a empresarios y agentes del Estado, alcaldes, gobernadores, senadores y funcionarios de entidades como el CTI y el DAS, desconociendo lo establecido en el Acuerdo de Paz.

CIDH TERCEROS CIVILES SC

Dos peticiones hicieron a la CIDH representantes de las organizaciones de la sociedad civil

Según Solano, el hecho de que la Corte Constitucional apruebe esta condición de voluntariedad, no sólo contraría lo establecido en el Acuerdo de Paz sino que tergiversa el concepto de juez natural al considerar que los terceros pueden escoger el foro en el cual serán juzgados según mejor les convenga. Recalcó que “esta decisión pone en tela de juicio la obligación de juzgar y sancionar a personas, empresas que se beneficiaron de los hechos violentos del conflicto.”

La Fiscalía ha reconocido que los índices de impunidad en casos de desplazamiento forzados son del 95%. En violencia sexual en el marco del conflicto, los índices de impunidad son del 99.01 por ciento”

Si bien durante la Audiencia fue reconocida la importancia de la JEP para otorgar verdad y justicia a las víctimas del conflicto, las organizaciones consideraron que es necesario profundizar los factores de macrocriminalidad que se esconden detrás de cada uno de los hechos del conflicto. Aunque se han compulsado copias por la responsabilidad de crímenes de terceros, no ha habido investigaciones y no se han sancionado a los determinadores ni se han desmontado estructuras criminales entre empresarios y grupos armados ilegales. “Hay una oscuridad en los procesos de la participación de los terceros en la guerra”, mencionaron.

Para Marco Romero, Director de CODHES, todos los esfuerzos por proteger y reforzar el Acuerdo de Paz son importantes, pero el hecho de que los terceros no quieran acudir voluntariamente a la JEP es porque en Colombia la impunidad es muy alta. Durante la Audiencia le solicitó a la CIDH, y especialmente a su Unidad de Verdad, Memoria y Justicia, que Colombia sea un caso emblemático: “Queremos que la CIDH recomiende a la Fiscalía de Colombia un plan de priorización frente a quienes no van a concurrir a la JEP. Se debe evitar la impunidad”, señaló Romero.

Antonia Urrejola, responsable de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH, afirmó que el tema de violaciones a derechos humanos cometidos por terceros no es una responsabilidad solo de Colombia, es una responsabilidad de todo el Continente: “hemos vivido las falencias que se cometieron anteriormente en los procesos de justicia en las dictaduras de Latinoamérica.” 

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Antonia Urrejola, Comisionada responsable de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH

Los representantes del Estado reconocieron que existe una gran diferencia entre lo establecido en el Acuerdo y lo implementado en materia de violaciones de derechos humanos cometidas por terceros. En particular, la Fiscalía mencionó que han identificado más de 3 mil compulsas de copias de Justicia y Paz que corresponden a la relación de un tercero civil con el conflicto armado y que se tiene un plan de hacer un inventario con el propósito de cumplir con el Acuerdo de Paz.

Al respecto, Francisco Eguiguren, comisionado y relator para Colombia de la CIDH, consideró necesario un compromiso de la Fiscalía para articularse con la JEP en los casos en que se conozca que no hayan personas que se quieran someter a la justicia transicional, dadas las preocupantes cifras de impunidad en la justicia ordinaria en Colombia.

 

LAS SOLICITUDES


Al final de la Audiencia, las organizaciones le hicieron dos solicitudes a la CIDH. La primera es evitar la impunidad por lo cual solicitan a la CIDH inisistir para que la Corte Constitucional modifique la jurisprudencia establecida sobre la responsabilidad de terceros civiles en el Acto Legislativo 01 de 2017. Aunque no se conoce el contenido de la sentencia, se tiene un comunicado acerca de lo que la misma dice sobre la responsabilidad de terceros civiles.

La segunda solicitud es reenviar a la Corte Penal Internacional la información presentada por las organizaciones en la Audiencia, con el fin de que esta asuma la investigación de aquellos casos frente a los terceros civiles que no van a ser juzgados por el Estado Colombiano.

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