URGENTE: Gobierno circula proyecto que restringe derecho a la indemnización de las víctimas

El Gobierno está circulando un proyecto reglamentario de la Ley de Víctimas, con el cual se restringir el derecho de las víctimas a las medidas de indemnización individual por vía administrativa.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) de Colombia está circulando un proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), con el cual se pretende restringir el derecho de las víctimas a las medidas de indemnización individual por vía administrativa.

Organizaciones que hacen parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado presentan una alerta URGENTE frente al proyecto porque impone significativos obstáculos y cargas injustificadas al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado, limita sus derechos y crea figuras que van en contravía de la Constitución.

DESCARGUE AQUÍ EL INFORME COMPLETO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROYECTO DEL DPS

Por Prensa CODHES

Varias organizaciones que hacen parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado*, presentan hoy con carácter URGENTE una ALERTA sobre los aspectos críticos que tiene el proyecto elaborado por el Departamento de Prosperidad Social y “por el cual se modifican algunas disposiciones del decreto 1084 de 2015 único reglamentario del sector de inclusión social, respecto a la medida de indemnización individual por vía administrativa, y se regulan otras disposiciones complementarias”.

El proyecto establece un trámite administrativo adicional al ya contemplado por la Ley de Víctimas (1448) para el acceso de éstas a la indemnización administrativa, y establece criterios de priorización para dicho acceso, que quedarían a discreción de la Unidad para las Víctimas (UARIV). Asímismo, se les exige a las víctimas pedir cita ante la UARIV y llevar cargas probatorias, en particular presentar documentos, que pueden considerarse onerosas en razón de la presunción de vulnerabilidad que ampara a las víctimas. El proyecto establece plazos y rutas de demanda adicionales y distintas a las ya existentes para la indemnización administrativa como solicitar esta a través de un mecanismo de petición y asignación de citas, y posteriormente, esperar la asignación de turnos para la entrega de la medida.

Para efectos de priorización de acceso a la indemnización, el proyecto considera que las víctimas en “situación de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad” son solamente para mayores de 80 años, personas con enfermedades terminales o de alto costo y quienes acrediten incapacidad permanente para trabajar. Además establece la creación de un método de focalización y priorización de acceso a la indemnización administrativa supeditado a la disponibilidad presupuestal de la UARIV y a criterios que obvian todo enfoque de género y étnico, dejando por fuera a poblaciones especialmente afectadas por el conflicto como mujeres, indígenas, afrodescencientes, niños y niñas.

Otro de los aspectos que la Comisión de Seguimiento considera críticos en el proyecto es la creación de la figura de “desestimiento tácito de la indemnización administrativa”, como castigo a la falta de solicitud por parte de la víctima, convirtiendo el mecanismo en uno por demanda, a la manera de las reparaciones judiciales. Esta figura es inconstitucional por cuanto supone que si la víctima no inicia el trámite en los plazos establecidos por la institucionalidad, ésta estaría renunciando a su derecho a ser indemnizada.

De la misma forma, el proyecto reduce la definición de persona desplazada, al decir que el criterio a que la prueba de la causa del desplazamiento haya sido una situación que guarde “relación cercana y suficiente al conflicto”. La determinación de dicha relación sería discrecional para la UARIV porque el proyecto no define qué se entiende por relación cercana ni suficiente. Asimismo, el proyecto rompe con la definición amplia de persona desplazadas establecida en estándares internacionales y en las reglas constitucionales de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En estas consideraciones, y en otras que insisten en poner cargas y obstáculos a las víctimas que reducen significativamente el alcance de sus derechos, la Comisión de Seguimiento ALERTA sobre la abierta inconstitucionalidad del proyecto y, en caso de ser aprobado, sobre el inminente incumplimiento de las obligaciones asociadas a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional en materia de desplazamiento.

DESCARGUE AQUÍ EL INFORME COMPLETO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROYECTO

*La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, es una de las organizaciones que hace parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

Más Información. Prensa CODHES 3016463545 Correo electrónico: prensacodhes@gmail.com

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